La reducción del gasto público está llevando al colapso de IESS

IESS: el porcentaje de jubilados crece más que el de afiliados 4623 Personas jubiladas y de la tercera edad participan en actividades físicas en el Hospital del IESS Quito Sur. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO VALORE Indignado 77 Triste 6 Indiferente 1 Sorprendido 2 Contento 3 María Vanessa Silva LEA TAMBIÉN El fondo de invalidez, vejez y muerte (IVM), administrado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se enfrenta a un escenario complejo: las jubilaciones aumentan a un mayor ritmo que las afiliaciones. Mientras el primer grupo creció a una tasa anual del 6% durante los tres últimos años, el segundo grupo lo hizo apenas en 2%. Hasta el 2019 se contabilizaban 404 832 jubilados y cerca de 3,1 millones de afiliados. El presidente del directorio del IESS, Paúl Granda, reconoce que las afiliaciones se han debilitado, principalmente, por la contracción de la economía; sin embargo, destaca que se han hecho esfuerzos por ampliar la cobertura a trabajadores que estaban protegidos por la Seguridad Social. En el 2019 hubo alrededor de 41 000 ingresos al sistema. La situación genera más presión al fondo de IVM porque se requiere de más recursos para cumplir con el pago de las pensiones. Si en el 2013 se destinaron USD 1 965 millones a este rubro, para el 2020 el IESS presupuesta egresos por USD 4 470 millones. Es un incremento de USD 2 505 millones en un lapso de siete años. El fondo se nutre de tres fuentes: el 40% del Estado, los rendimientos de las inversiones del Biess y los aportes que realizan los afiliados. Cuando el Estado dejó de aportar por tres años (a causa de la Ley de Justicia Laboral del 2015 que eliminó la obligación), el IESS tuvo que tomar recursos de sus ahorros para cubrir el déficit generado. Esto provocó desinversiones por USD 1 700 millones cada año, aproximadamente. En el 2018 la Corte Constitucional (CC) declaró inconstitucional esa parte de la ley y para el año siguiente el Estado tuvo que volver a contribuir, pero ha cumplido solo con el 28% de los recursos. Pese a ello, Granda asegura que la entidad no desinvirtió. Para 2020 se prevé que el Gobierno aporte USD 1 370 millones. Si eso se cumple no habrá problemas, caso contrario el IESS recurrirá nuevamente a tomar dinero de sus ahorros, admitió Granda. Otro tema sensible para la sostenibilidad del fondo son los aportes de los afiliados activos. En el presupuesto de este año los ingresos por ese concepto se calculan en USD 2 953 millones, una cifra menor al gasto por pensiones. Los estudios actuariales que se presentaron a finales de diciembre del año pasado señalan que hasta el año 2018 un jubilado era sostenido con los aportes de ocho afiliados activos. Proyectado al 2058 la relación será de dos activos por un jubilado. Néstor Rodríguez, experto actuarial de la firma Iceberg Consulting, señala que el crecimiento de las jubilaciones es un fenómeno que ocurre en varios países y significa un desafío para los sistemas vigentes, ya que deben implementarse soluciones técnicas, como elevar la edad de jubilación y la tasa de aportación del empleador y del trabajador. Esas medidas, sin embargo, no son fácilmente asimiladas por la población y, en algunos casos, el rechazo ciudadano ha derivado en protestas sociales. El reto de las autoridades está en sustentar y explicar los motivos que llevan a esas decisiones y cómo pueden revertir un panorama poco alentador, describe Rodríguez. Si el servicio que presta el IESS no es eficiente y, además, existen hechos de corrupción, no es de extrañarse que la ciudadanía no se sienta cómoda ante el posible escenario de aportar más o retrasar su retiro laboral, reflexiona Rodrigo Ibarra, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios (Aeact). La Confederación Nacional de Jubilados del Ecuador (CNJE), y la Federación Unitaria de Trabajadores (FUT), son algunas de las organizaciones que han expresado su rechazo ante cualquier intento de elevar las aportaciones al IESS. Los expertos coinciden en que las soluciones no deben esperar a que llegue el próximo Gobierno, en el 2021, porque las condiciones económicas del país reflejan un deterioro del empleo pleno (4 de cada 10 trabajadores tienen un empleo adecuado), mientras que por el otro lado sigue creciendo el número de pensionistas. El objetivo es garantizar que quienes hoy aportan, mañana puedan gozar de una pensión. Para que eso suceda, también es urgente que mejore el mercado laboral y aumenten las contrataciones, concuerdan Ibarra y Rodríguez. El espacio para tomar decisiones se abrirá en las mesas técnicas del acuerdo nacional por la seguridad social, que se instalarán a partir del 5 de marzo. Allí participarán gremios de jubilados, de trabajadores, de empleadores, autoridades del Gobierno y del IESS. La intención de Granda es que este año se defina una hoja de ruta. Manuel Muñoz, presidente de la Confederación de Jubilados, reconoce que la situación del fondo es delicada, pero aclara que el aumento de pensionistas no significa un incremento en el dinero que cada uno recibe. La Ley de Justicia Laboral también modificó la fórmula para el incremento anual de las pensiones. El aumento se calcula con base en la tasa de inflación promedio anual. Antes, entre el 2010 y 2015, se lo hacía mediante un coeficiente, cuyo resultado fue aumentos de entre 4,31% y 16,16%, dependiendo del monto de pensión. Muñoz sostiene que con el cambio de fórmula los jubilados no han visto aumentos importantes en sus planillas y, por el contrario, hay casos en donde la elevación no llega ni a un dólar. La Confederación espera ser recibida por el presidente Lenín Moreno para exponer este y otros temas. Los estudios actuariales que se presentaron en diciembre del año pasado apuntan a que la crisis del fondo de pensiones se agravó por el retiro del aporte estatal y por la resolución 501, del 2015, que restó recursos al fondo de pensiones para pasarlos al fondo de salud. Según los informes, dentro de 40 años, en el 2058, habrá un déficit actuarial en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de USD 4 551 millones. Dentro de un escenario pesimista, si el Estado no cumple con su aporte, el déficit puede llegar a USD 70 000 millones.
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