Diana Salazar y Diana Atamaint frente al covid, la corrupción, el racismo y las elecciones

Una radio on line que ahora analiza con el Dr. Tigre, como ha sido el comportamiento de una afroandina, Diana Salazar, en la cúpula del poder, como Fiscal General de la Nación y de una indígena amazónica shuar, Diana Atamaínt, Presidenta del Consejo Nacional Electoral, durante esta pandemia, corrupción, y colapso, producido por el covid-19 en Ecuador. Diana Salazar, es una afroandina de la Provincia de Imbabura, que de manera dudosa cuestionada llegó a ser Fiscal General del Estado, elegida por un CIPCCS, salida de una consulta mañosa e inconstitucional para convertir a Lenín Moreno en un seudo-dictador con todos los poderes bajo su control y de la Embajada de USA, que incluye el control del ejército y la policía, con la misión de exterminar a Rafael Correa, Jorge Glass y a los correistas, para evitar que lleguen a participar en las próximas elecciones. Su misión es cuidar las espaldas del seudo dictador Lenin Moreno, que amparado por Donald Trump y Mike Pompeo controlan a las FF-AA, que desde 2017, que desde entonces están a las órdenes del Pentágono y la DEA, gracias a la entrega ilegal de dos bases militares, el ejercito, la policía para la llamada Guerra a las Drogas, y a Julian Assange. Desde su selección, Diana Salazar fue cuestionada, pues sus calificaciones no eran las mejores de entre los participantes, pero por haber acusado a Jorge Glass, el vicepresidente electo por los ecuatorianos en el 2017, consiguió el cargo de Fiscal General de la Nación. Durante el gobierno de Rafael Correa el problema del racismo fue enfrentado, nombró al primer gobernador negro de la provincia del Guayas, a la primera gobernadora negra de la provincia afrocosteña de Esmeraldas, hubo personal afro en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Antonio Preciado, un escritor afro-esmeraldeño fue el primer ministro negro, en un gobierno, el Tin Delgado, el mayor goleador de la selección del Ecuador, su asambleísta por el partido Alianza País. Muchos estudiantes afro fueron becados y se construyeron centros de alto rendimiento en las provincias de Esmeraldas e Imbabura para aprovechar sus grandes condiciones físicas, pues los deportistas de elite y futbolistas mas representativos y numerosos son afros. Diana Atamaint, es una indigena shwar, que llego a ser alta funcionara para la amazonía del gobierno de Rafael Correa, donde Correa produjo una verdadera revolución con carreteras, colegios y hospitales y en una lucha contra TEXACO CHEVRON que prudujo el mayor derrame petrolero del mundo en la amazonía ecuatoriana Pero Atamaint también fue opositora cuando se produjeron las protestas en la Provincia de Morona Santiago, y gracias a la mañosa e inconstitucional consulta popular del 2017 Diana Tamaint, llegó a ser presidenta del Consejo Nacional Electoral con la misión de impedir a toda costa el retorno de Correa, y el correísmo o el socialismo del SXXI. Este papel no lo hizo muy bien, porque no pudo impedir la participación de los correístas en las elecciones del 2019, donde consiguieron las prefecturas de Pichincha y Manabí, dos de las 3 provincias mas poblada del país, y además la dirección del CPCCS, en que los ganadores advirtieron revisarían todos los actos y nombramientos que hizo el "chueco" CIPCCS de Trujillo, Hernández, Macas y otros, al servicio de los planes de Moreno y Trump, y que configuró el actual seudo-dictador que tenemos. Como presidenta de CNE, no pudo defender a los ganadores de las elecciones para el CPCCS, o quinto poder del estado, que cumplieron con todos los requisitos que exigía el CNE que Atamaint dirigía para poder ser candidatos. Como ganadores en la elecciones del 2019 debían contar con el respaldo del CNE todos los que fueron candidatos. Hoy luego de dudar e intentar postergar las elecciones, se ha atrevido a irse contra Lenín Moreno su padrino y contra el Contralor, que quería excluir al movimiento correísta Compromiso Social-Revolución Ciudadana, y se opone a la postergación de las elecciones. Durante las manifestaciones de octubre, del año pasado, los indígenas vivieron el racismo y la discriminación de la fuerza pública y de la Alcadía de Guayaquil e incluso de Jaime Nebot, que impidió con la alcaldesa Viteri entraran en esa ciudad. Pero durante la pandemia, los indígenas han mantenido las redes de abastecimiento alimentario en el país, y en las protestas fueron los ecuatorianos mas valientes, destacándose el liderazgo de Leonidas Iza que sorprendió a todos, con sus conocimientos de economía. Ecuador se apresta a un período de inestabilidad, producto de la gran mortandad, la corrupción, la ola antirracista mundial, y sobre todo al colapso económico que estamos viviendo, que a puesto en evidencia al gobierno de Lenin Moreno, Ruptura 25 y la Embajada de USA. han fracasado de manera rotunda, hasta el día 36 de la agonía de Lenin Moreno, Donald Trump y las protestas por muerte de George Floyd por la brutalidad policiíal en USA.

Como usa el DICTRAIDOR Lenin Moreno, la pandemia, para prolongar su persecución y repartirse lo que resta de Ecuador

Lenín Moreno,Otto Sonnenholzner, Oswado Jarrin y Maria Paula Romo, y Atamaint, presidente, ministro de defensa, ministra de gobierno de Ecuador, la indigena que dirige el CNE, Consejo Nacional Electoral, tiene en la cuarentena y el toque de queda al excusa perfecta para prolongar el mandato de Lenin Moreno, para después de enero del 2021, y prolongar el llamado de estado de emergencia que les permite tener un control de los recursos, privatizar, o lo que llaman monetizar los bienes públicos como hidroeléctricas, petroleras, telefónicas, eliminar el financiamiento a los partidos para que la derecha pueda ser la única que tiene recursos ilimitados y sin control para campañas electorales y para encontrar delitos en sus opositores para evitar que se presenten en las próximas elecciones y para perseguir a la oposicón usando la excusa de las noticias falsas fake news, para lo cual ha empezado una millonaria campaña contra las publicaciones en la Internet, mediante propagandas en los canales de TV, contra las noticias falsas, mientras el presidente permanece escondido en Galápagos hasta que pase la pandemia, y la ciudad de Guayaquil entra en colapso sanitario.

Puede el confinamiento ser la excusa perfecta de algunos gobiernos para abusar de su poder?

Primera modificación: 02/04/2020 - 00:48Última modificación: 02/04/2020 - 01:16

Militares italianos patrullan frente a la catedral de Milán para garantizar el cumplimiento de la cuarentena instaurada en el país por el Covid-19. En Milán, Italia, el 24 de febrero de 2020. © Flavio Lo Scalzo / Reuters

Texto por:Álvaro Cordero

Las medidas extraordinarias tomadas por muchos países afectados por la pandemia en la mayoría de las ocasiones van orientadas a restringir derechos de movimiento, pero en algunas otras llegan a socavar libertades básicas, como la de prensa, o concentrar demasiado poder en un dirigente.

Una parte significativa del mundo está confinada. En mayor o menor medida, cientos de millones de personas viven una cuarentena preventiva para evitar la propagación del Covid-19 en sus países, ciudades o barrios. Este confinamiento las obliga a romper con sus rutinas diarias debido a las medidas extraordinarias tomadas por los gobiernos, pero ¿hasta qué punto se pueden catalogar como justificadas esas órdenes?

La vida de muchos ha cambiado radicalmente en las últimas semanas. Nadie recordaba medidas de confinamiento aplicadas prácticamente a nivel global. De un día para otro, una persona ha dejado de poder ir libremente al cine, a ver a sus amigos o de viaje. Aparentemente, todo tiene una causa justificada, evitar que el coronavirus genere una crisis sanitaria sin precedentes. Pero algunos gobiernos pueden utilizar este evento histórico a su favor.

Son ya varias las denuncias contra gobiernos que se están excediendo en ellas acciones de control de la enfermedad y de sus ciudadanos o que están acumulando demasiado poder, aferrándose a las circunstancias. Esto está sucediendo en naciones de todos los continentes y tanto en democracias cuestionadas como en algunas que se catalogan como “plenas”.

Duterte amenaza con “hacer matar” a los que “den problemas” en cuarentena

El caso de Filipinas es uno de los mas llamativos. Su presidente se caracteriza por ser uno de los que más tendencias autoritarias tiene en lo que se supone es un país democrático. Rodrigo Duterte ha ocupado titulares en más de una ocasión por violar derechos fundamentales o aplaudir y fomentar el libre asesinato de narcotraficantes.

Bajo la emergencia sanitaria, ha logrado que el Congreso le otorgue "poderes especiales", lo que le permite actuar sin contar con el Legislativo, modificar los presupuestos a su antojo e intervenir empresas privadas.

Archivo: Rodrigo Duterte regularmente hace comentarios que provocan indignación. AFP

Grupos civiles y partidos de la oposición han alertado del riesgo de que se implante una "Ley marcial de facto" al dar tanto poder a un mandatario que no oculta su poco apego a las causas democráticas.

En Filipinas, unas 17.000 personas han sido detenidas en tres semanas por violar el toque de queda o el confinamiento y Human Rights Watch ha denunciado tácticas represivas: un hombre murió tras recibir un disparo por, supuestamente, saltarse un control militar y algunos fueron encerrados en jaulas u obligados a permanecer a pleno sol durante horas.

Y es que esta es la orden que reciben policías y militares. “Seguid las instrucciones del Gobierno en este momento porque estamos en un momento crítico", afirmó el presidente Duterte y advirtió que se “hará matar” a todo aquel que no cumpla las normas.  

En otros países, como Tailandia, el control del gobierno también se ha visto fortalecido durante esta crisis sanitaria. La declaración del Estado de Emergencia en el país otorga al primer ministro -el exgeneral golpista Prayut Chan-ocha- plenos poderes para imponer toque de queda y restringir movimientos, pero también para censurar medios o reprimir a la oposición.

Aunque ocupa este cargo desde las elecciones del año pasado, Prayut accedió primero al poder en 2014 por un golpe de Estado y lideró, durante cinco años, la Junta Militar que acalló voces disidentes valiéndose de medidas de excepción similares a las ahora decretadas.

Tailandia cuenta con una Ley de Delitos Informáticos que ya se ha usado para encarcelar a detractores del régimen con la coartada de las "fake news".

Las democracias de la Unión Europea, bajo amenaza

Son numerosos los países de la Unión Europea en los que se ha decretado el Estado de Alarma o de Emergencia. Esto siempre supone que, durante un periodo limitado y siempre que se cuente con el respaldo de los parlamentos nacionales, se podrá centralizar el poder en el Gobierno de forma más clara o contar con servicios de salud privados para el bien público.

Sin embargo, hay dos países donde ha llamado especialmente la atención esta recentralización de los poderes. El caso del ultraderechista Viktor Orbán, en Hungría, es el más significativo de ellos. El Parlamento húngaro aprobó el 30 de marzo una ley que prolongaba de forma indefinida el Estado de Alarma en la nación a causa del coronavirus.

Esto permitirá poder gobernar a Orbán por medio de decretos extraordinarios sin establecer un límite temporal y sin ningún tipo de control al respecto. Esto ha hecho que numerosas organizaciones húngaras protesten en lo que llaman “un paso más” en la erosión del Estado de Derecho, desde que Orbán llegó al poder hace 10 años.

El primer ministro, Viktor Orbán, durante la sesión plenaria que dio plenos poderes a su Ejecutivo indefinidamente a causa de la crisis sanitaria generada por el Covid-19. En Budapest, Hungría, el 30 de marzo de 2020. © Zoltan Mathe / Reuters

La libertad de prensa también está en peligro en Hungría. Durante los últimos años ya han sido atacados los medios que no concuerdan con la línea ideológica de Fidesz, el partido que gobierna con una abrumadora mayoría en la nación. 

Este decreto, permite condenar con penas de hasta cinco años a todos los que difundan “fake news” o noticias que “obstruyan la protección de la población”. Estas penas pueden llevar a la autocensura periodística por miedo a criticar acciones del gobierno.

Desde el Parlamento Europeo ya se han transmitido las preocupaciones hacia la Comisión Europea y se ha pedido que se investigue si estas acciones violan los tratados fundacionales de la Unión Europea, que prohíben tajantemente el autoritarismo en sus naciones.

Con su retórica nacionalista y populista, y con un fuerte apoyo electoral, Viktor Orbán se ha convertido en uno de los “enemigos” del estatus quo de la Unión Europea, junto con el partido Ley y Justicia polaco. Hungría ha visto cómo en la última década se han socavado aspectos básicos de su democracia.

Algo similar está ocurriendo en Eslovenia, gracias al nuevo gobierno del ultraconservador, Janez Jansa. La libertad de prensa vuelve a ser la principal perjudicada.

Según explicó a EFE Spela Stare, la secretaria general de la Asociación de Periodistas de Eslovenia, algunos comunicadores son blanco de amenazas y ataques difamatorios por parte del primer ministro y medios cercanos al Partido Demócrata Esloveno. El Gobierno también prohibió que los periodistas puedan hacer preguntas “por riesgo de contagio”, pero no planteó alternativas como formularlas por videoconferencia.

Jansa, admirador de Orbán y miembro también del Partido Popular Europeo, llegó al poder el 13 de marzo por un acuerdo de coalición, tras la renuncia del anterior Ejecutivo de centroizquierda, debido a que no contaba con una mayoría para sacar adelante proyectos legislativos.

Aunque no se ha dictado el estado de emergencia por el coronavirus, esta semana la cámara votará fortalecer las atribuciones de la Policía para, por ejemplo, entrar en casa de los ciudadanos sin orden judicial con el objetivo de velar por el cumplimento de las medidas de confinamiento.

Latinoamérica se aferra al control militar para cumplir la cuarentena

Las características de muchas de las economías latinoamericanas hacen que sea muy difícil para ciertos colectivos cumplir estrictamente la cuarentena, porque eso significaría que no podrían generar ingresos pata sostener sus hogares.

Esto ha hecho que, en determinados sectores de grandes ciudades, como Bogotá, se denuncie que no se están cumpliendo las normas de aislamiento preventivo previstas hasta el 13 de abril.

Este supuesto incumplimiento ha llevado a que se militaricen determinados sectores en el departamento colombiano de Cundinamarca, la zona que rodea al distrito capital donde se ubica Bogotá. Poblaciones enteras de importante tamaño como Soacha, Zipaquirá, Madrid o Girardot se empezaron a militarizar para garantizar el cumplimiento de la cuarentena.

La militarización es algo que se lleva a cabo en varios países para aumentar la presencia de mandos de la autoridad en las calles, con el fin de que estas permanezcan lo más vacías posible. Pero, en este contexto, llama la atención una norma aprobada en Perú.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó una “grave preocupación” ante la nueva norma emitida en este país. Durante la crisis sanitaria, Perú modificó su Código Penal para exonerar de cargos a todas las autoridades policiales o militares que maten o hieran a alguien mientras patrulla. 

CIDH - IACHR

✔@CIDH

 · 30 mar. 2020

#Perú La @CIDH expresa seria preocupación ante la promulgación de una Ley que modifica el Código Penal disponiendo eximir de responsabilidad a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que, en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte. #CIDH #DDHH 1

CIDH - IACHR

✔@CIDH

La @CIDH advierte que, de conformidad con estándares interamericanos, leyes nacionales no deben contemplar excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar responsables de violaciones de #DDHH, en particular cuando perpetradores son agentes del Estado. #Peru 2

59

10:04 - 30 mar. 2020

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"De conformidad con los estándares interamericanos, las leyes nacionales no deben contemplar exclusiones de responsabilidad que impidan investigar y sancionar responsables de violaciones de Derechos Humanos, en particular cuando los perpetradores son agentes del Estado", indicó la CIDH.

En Perú rige, desde el 16 de marzo y hasta el 12 de abril, un confinamiento obligatorio de la población que restringe la libertad de las personas a salir a la calle, así como un toque de queda nocturno con el fin de contener la propagación del nuevo coronavirus. 

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