miércoles, 27 de abril de 2022

La pobreza, la inseguridad, y el narcotráfico ha estallado en Ecuador

Entre 2014 y 2019, durante los Gobierno de Correa y Moreno, se entregaron créditos sin sustento que ahora está impagos. Las autoridades actuales tiene el reto de recuperar una cartera improductiva de $478 millones. Luego de varios meses en donde, bajo la excusa de la confidencialidad de la información, no se sabía quiénes eran los principales deudores de la cartera en mora de la Corporación Financiera Nacional (CFN), las autoridades de esa institución por fin transparentaron la información. Actualmente, a través de procesos coactivos, se buscar recuperar $478 millones, que se entregaron de manera irregular entre 2014 y 2019. Los principales responsables de esas entregas, sin sustento y bajo conveniencias políticas, fueron María Soledad Barrera, presidenta de la institución entre 2014 y 2016; Santiago León, presidente durante seis meses en 2017; y Juan Carlos Jácome, cabeza de la CFN entre 2018 y 2019. El pasado 25 de abril de 2022, durante la ceremonia de firma del decreto que ordena la fusión entre la CFN y Banecuador, el presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró que se «terminaron los millonarios créditos vinculados al poder político»; y que se recuperará todo lo posible de la cartera en mora de la banca pública. En ese evento, el Primer Mandatario puso como ejemplo de los malos manejos a los préstamos otorgados a un hotel en Manta y a una famosa hacienda bananera. El primero de esos ejemplos encabezan la lista de los morosos. Son más de $42 millones los que debe el Fideicomiso Mercantil Hotel Sail Plaza Manta Ecuador. Las instalaciones ya han sido embargadas por la CFN, pero se mantiene el litigio judicial. El segundo se refiere a la Hacienda la Clementina, que actualmente no está en producción, pero la CFN firmó un contrato temporal de administración compartida con los trabajadores para evitar mayores perjuicios. El gerente de esa institución financiera, Iván Andrade, ha informado que se planea vender 5.000 hectáreas improductivas de la hacienda para cubrir parte de la deuda de $73,4 millones. En este caso, esa deuda no está en coactiva, y en la lista de morosos, porque la CFN ya tiene toda la propiedad. En esa lista sí consta, sin embrago, empresas como Construcciones y Servicios de Minería (Consermin),con un crédito impago de $6,6 millones. Ramiro Galarza, como presidente del Directorio de Consermin, fue sentenciado a ocho años por el caso ‘Sobornos 2012-2016’. Galarza hoy está prófugo. Consermin tiene entre sus accionistas a Eseico, también mencionada en el caso ‘Sobornos 2012-2016’. De la cartera improductiva de $478 millones, la meta de las autoridades es recuperar al menos $400 millones, a través de juicios coactivos a 97 deudores. Entre esos, también está Ecuagran, con una deuda de $1,8 millones, y que tiene implicación en las inversiones irregulares en el Instituto de la Seguridad Social de la Policía (Isspol). Lista de los principales deudores: 1.- Fideicomiso Mercantil Hotel Sail Plaza Manta Ecuador: $42,16 millones 2.- Sonino S.A: $19,38 millones 3.- Ginsberg Ecuador S.A: $13,39 millones 4.- Industrias-Oleana S.A: $12,44 millones 5.-Equitesa Equipos Y Terrenos SA: $11,96 millones 6.- Centridagsa S.A: $10,32 millones 7.- Fideicomiso Torres Del Castillo: $10,03 millones 8.- Exofrut S.A: $9,94 millones 9.- Taski S.A: $9,62 millones 10.- Ecuador Cocoa & Coffee, Ecuacoffee S.A: $8,25 millones 11.- Sandaniel Extractora San Daniel Cia. Ltda: $7,06 millones 12.- Vikingo Ecuador »Viecusa» S.A: $6,87 millones 13.- Construcciones y Servicios de Mineria Consermin S.A: $6,61 millones 14.- Compañia Industrial Novapalm S.A: $6,18 millones 15.- Vista Al Mar S.A. Vistamasa: $6,14 millones Estudiantes marchan en Quito por caso de violación Varias investigaciones están abiertas en la Fiscalía General del Estado de Ecuador en contra de 14 miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo involucrados en supuestos actos de corrupción, narcotráfico y otros delitos. Según información del Ministerio de Defensa y a la que tuvo acceso el noticiero Ecuavisa, 14 uniformados en servicio activo enfrentan procesos judiciales por diferentes delitos: seis de la Fuerza Terrestre son investigados por supuesto narcotráfico, robo de granadas y bienes de uso militar, y porte ilegal de armas. Asimismo, cinco efectivos de la Armada Nacional son acusados de presunto tráfico ilícito de armas, municiones, proyectiles y robo de fusiles. Además, tres miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) estarían involucrados en narcotráfico y tráfico ilícito de armas de fuego. También continúa la indagación en contra de 25 integrantes de la FAE tras la explosión del radar instalado en Montecristi, provincia de Manabí, para la lucha contra el narcotráfico. En una entrevista con Ecuavisa, el ministro de Defensa, Luis Hernández, quien este martes 26 de abril de 2022 renunció a su cargo, dijo que las Fuerzas Armadas han entregado toda la información a la justicia para que determinen la responsabilidad y juzguen a los involucrados. “Cero tolerancia a la corrupción, tenemos que limpiar de malos elementos a una institución prestigiosa”, señaló Hernández. ‘Don Naza’ ingresó al Ministerio de Defensa Luis Hernández, quien asumió la cartera de Defensa el 18 de octubre de 2021, presentó hoy su carta de renuncia al presidente Guillermo Lasso sin que en la misiva explique las causas que le han llevado a tomar tal decisión. El anuncio de su salida se da días después de que estallara un escándalo en el interior del Ministerio de Defensa por la presencia de Miguel Ángel Nazareno, alias ‘Don Naza’, un exmilitar vinculado con operaciones ilegales de captación de dinero y que el pasado 14 de abril de 2022 apareció asesinado en la parroquia de Amaguaña, en el suroriente de Quito. El escándalo surgió luego de que ‘Don Naza’ lograra entrar en el interior de la sede del Ministerio de Defensa (en el centro de Quito), aparentemente con dinero para entregar a clientes, pero que tras ser descubierto pudo escapar por la puerta trasera del complejo militar, justo cuando la policía pretendía atraparlo. El exministro Hernández ordenó una investigación exhaustiva del caso, en un momento en que también se denunciaba otra operación similar en filas policiales. Su dimisión se produjo también pocas horas después de que acudiera a una actividad de destrucción de armas decomisadas en operaciones de seguridad y control a escala nacional. Más de 2 100 armas de fuego y mil accesorios fueron destruidos en las instalaciones de la empresa Andec, en Guayaquil, luego de que había concluido el tiempo de almacenamiento reglamentario y habían sido declaradas obsoletas, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado. “Las Fuerzas Armadas han retirado de las calles estas armas cuyo destino sería atentar contra la paz de los ecuatorianos”, indicó Hernández. Estudiantes marchan en la av. Amazonas en rechazo a violación a alumna. Foto: Cortesía Redacción Elcomercio.com Padres de familia junto a los estudiantes del colegio de Quito nuevamente se congregaron este miércoles, 27 de abril de 2022, para pedir justicia y la destitución de la rectora del plantel. Por segundo día consecutivo, los estudiantes junto a sus padres marcharon por varias calles de la capital del Ecuador. Visten sus uniformes con gorras blancas y moradas. Algunos llevaron globos y otros pancartas. A los manifestantes se sumaron estudiantes de otros colegios de la ciudad. El pedido es la destitución de la rectora, quien el martes 26 de abril presentó su renuncia. También piden la destitución de la vicerrectora y de las otras autoridades que no tomaron en cuenta la voz de la estudiante cuando comentó que fue agredida. En varios videos publicados en las redes sociales, se observa como los padres de familia comentan que se sumaron a esta marcha por voluntad propia. Y porque “No queremos que esto le pase a ninguno de nuestros hijos”. La marcha se dirigió a las instalaciones de la unidad educativa y luego se trasladarán hacia las oficinas del Ministerio de Educación. Ministerio comprobó que hubo negligencia El Ministerio de Educación solicitó la renuncia a la rectora del colegio Dillon, institución a la que pertenece una estudiante que denunció haber sido víctima de violación en un transporte escolar en Quito. Esta solicitud fue aceptada, indicó María Brown, ministra de Educación, la noche de este martes 26 de abril del 2022

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