sábado, 4 de junio de 2022

Colombia se encamina a un fraude electoral, una guerra sucia, y a la peor violencia de su historia


Colombia el país más corrupto de América, desde hace  ciento veinte años, donde  el ejército, fabrica falsos positivos, todos los estamentos del estado están en una nube gris, luego de sucias y sangrientas elecciones, su población, hambrienta, mal informada, mal educada, en especial en las costas y las fronteras, viven la Crónica Prolongada de Miles de Muertes Anunciadas.

  Es un país donde la paz se ha convertido en un imposible, gracias a que es el lugar estratégico, junto con Panamá para Estados Unidos.  

Colombia son vientos sembrados, en camino a convertirse en tempestades, que  perforan la frontera del Rio Grande, gracias a la cocaína colombiana,  en una  guerra, que los narcos la están gananado


Petro y AMLO | "Está enfrentando una guerra sucia": el polémico apoyo de AMLO al candidato Petro y la dura respuesta del gobierno de Colombia

  • Redacción
  • BBC News Mundo
Andrés Manuel López Obrador

FUENTE DE LA IMAGEN,GOBIERNO DE MÉXICO

El gobierno de Colombia emitió este viernes un mensaje de protesta por unas declaraciones que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la elección presidencial colombiana.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador se refirió al candidato colombiano izquierdista Gustavo Petro, quien, según el mandatario mexicano, enfrenta "una guerra sucia" en su campaña por la presidencia colombiana, que se definirá en el balotaje del 19 de junio ante Rodolfo Hernández.

Petro podría convertirse en el primer presidente de izquierdas de Colombia.

"Nada más por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentandouna guerra sucia de lo más indigno y cobarde, todo lo que ya vimos y padecimos en México", dijo López Obrador.

El presidente mexicano consideró que Petro está enfrentando mensajes como los que él recibía en 2006, cuando fue candidato por primera vez al gobierno de México.

"'Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero, Colombia va a ser como Venezuela', etcétera, etcétera, etcétera. Pero con todo, unidos todos los conservadores, y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético", agregó AMLO.

Ante estas declaraciones, la Cancillería colombiana dijo que "manifiesta su inconformidad" a las expresiones que consideró "una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país".

"Colombia adelanta un proceso democrático con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la Presidencia de la República. Tanto los que apoyan a un candidato, como al otro, merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios", continuó.

"Con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones y por el señor presidente de México, le solicitamos respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente sin injerencias que traten de influir en los electores", añadió.

Gustavo Petro y su candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez

FUENTE DE LA IMAGEN,REUTERS

Pie de foto,

Petro y su candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, ganaron la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.

¿Por qué habló AMLO de Petro?

Las declaraciones de López Obrador surgieron cuando el mandatario hablaba sobre el actuar de los últimos presidentes mexicanos en las elecciones presidenciales mexicanas.

Puso su experiencia como candidato en 2006 como ejemplo, pues López Obrador ha insistido a lo largo de los años que fue objeto de un fraude electoral.

"[El presidente Vicente] Fox se propuso que no iba yo a ser presidente y lo logró, porque la fuerza de un presidente, aun siendo un mal gobernante, no deja de tener impacto, y más si se tiene, sí, a la institución y el presupuesto", dijo.

Luego abrió un paréntesis en su exposición para referirse a Gustavo Petro, de quien, dijo, "está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde".

"Todo lo que ya vimos y padecimos en México", dijo Amlo.

"Lo hago porque si alguien ha padecido, y no exagero ni me siento víctima, esas guerras sucias es el que les habla. Desde hace años. Por eso, ánimo y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo, no hay más que eso", añadióEl mandatario parafraseó un spot muy popular en su contra en 2006, que decía "López Obrador es un peligro para México", para referirse a los mensajes que supuestamente está enfrentando Petro en Colombia.

En el pasado, López Obrador ha destacado que su política exterior es la de no injerencia en los asuntos extranjeros y la libre determinación de los pueblos, conceptos de la Doctrina Estrada que, asegura, sigue su gobierno.

La Cancillería mexicana no ofreció alguna respuesta inmediata a la protesta de su contraparte colombiana.

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Consolidar la paz, el desafío del próximo mandatario de Colombia

Las familias de las víctimas escuchan a exmiembros de las Fuerzas Armadas de Colombia durante una audiencia organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocaña, Colombia, el 26 de abril de 2022.
Las familias de las víctimas escuchan a exmiembros de las Fuerzas Armadas de Colombia durante una audiencia organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocaña, Colombia, el 26 de abril de 2022. © Schneyder Mendoza / AFP

La firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC arrojó un halo de esperanza al país, gracias a seis puntos surgidos del pacto y un mecanismo de Justicia Transicional. Sin embargo, su implementación durante el Ejecutivo de Iván Duque ha estado copada de altibajos y, lejos de terminarse, el conflicto sigue vigente en gran parte del territorio. Analizamos de qué trata y cuál es el balance de este órgano judicial especial para la paz.

Un apretón de manos y las firmas del presidente colombiano Juan Manuel Santos y del líder de la mayor guerrilla activa de América Latina hasta entonces –las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC-EP)–, Rodrigo Londoño, sellaron el fin de más de medio siglo de conflicto armado interno en Colombia.

El camino para llegar al Acuerdo de Paz fue tan hostil –con la pérdida del plebiscito– y volátil, como lo ha sido la implementación de lo pactado en 2016 en La Habana (Cuba). ¿Está avanzando la paz en Colombia y cuál es la deriva de cara al próximo mandatario?

Para materializar esa paz, desarrollada en seis puntos que conforman el Acuerdo (1. Reforma Rural Integral; 2. Participación Política; 3. Fin del Conflicto; 4. Solución al Problema de las Drogas; 5. Víctimas; 6. Implementación, Verificación y Refrendación), se creó también el Mecanismo de Justicia Transicional, con el propósito de "sentar las bases de una paz estable y duradera".

"Su implementación ha sido compleja, pese a que ha tenido éxitos significativos como, por ejemplo, la desmovilización misma de las FARC-EP", explica a France 24 Diana E. Guzmán, investigadora del centro de pensamiento DeJusticia, quien relaciona algunas de las limitaciones en la implementación a los problemas presupuestales y la falta de voluntad política.

Según el barómetro del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, hasta la fecha solo el 30% de las disposiciones planteadas en el pacto se han implementado. "Registramos 37% de las disposiciones en un estado 'mínimo' de implementación, es decir, han iniciado pero apenas, y el reto es garantizar que, por empezar, pasen al estado 'intermedio'", dice a France 24 Gerard Martin, analista miembro de la institución.

Para Martin, el balance de la implementación varía según el ángulo de comparación: "por ejemplo, cuando comparamos con los procesos de implementación de los otros 34 Acuerdos Comprensivos de Paz de los cuales tenemos el monitoreo de sus primeros diez años de implementación, los niveles de implementación del Acuerdo son adecuados".

De cara a la nueva presidencia, se tiene una "responsabilidad enorme al respecto ya que como se encuentra acordado, la implementación corresponde a cuatro gobiernos, y este será el tercero. Ya vimos que el Estado se ha comprometido con el Acuerdo, con numerosos compromisos para garantizar la paz, como también lo ordena la Constitución, pero hay numerosas regiones que siguen viviendo o han regresado a vivir al ritmo de una variedad de conflictos relacionados con temas que el Acuerdo promete ayudar a superar".

'Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición'

El quinto punto del Acuerdo regula un complejo 'Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición', que se empapó de los modelos aplicados en otros países con larga tradición en dictaduras o guerras civiles como Sudáfrica, Ruanda, Chile o Argentina.

"Su importancia es enorme porque, además de ser un primer paso en ese proceso de desmovilización, trajo consigo una noción transformadora que le apuesta, no solo al cese de las hostilidades, sino también a un conjunto amplio de medidas de justicia redistributiva, restaurativa y retributiva con el fin de avanzar hacia la consolidación efectiva de la paz", señala Guzmán.  

De este mecanismo surge la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tiene por objetivo reparar a las víctimas, obtener la verdad de más de cincuenta años de crímenes y violaciones de derechos humanos, juzgar e imponer sanciones a los responsables, además de intentar marcar la senda para la no repetición.

Junto a la JEP se conformaron la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que el próximo 28 de junio entregará su informe final, siendo este un relato de la memoria de la guerra que asoló Colombia, y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), con el fin de rastrear a las personas víctimas de desaparición forzada. Se estima que casi 100.000 personas están desaparecidas en Colombia desde el inicio del conflicto armado.

Sumado a esto, dentro de la JEP, que "tiene la función de administrar y conocer los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016", hay una serie de comisiones y comités: la Comisión Territorial y Ambiental; la Comisión Étnica y la Comisión de Género, entre otros.

Dilemas y tensiones de la Jurisdicción Especial para la Paz

La compleja JEP posiblemente ha sido el mecanismo jurídico que más críticas y desafíos ha enfrentado en estos últimos cinco años y cuya vigencia se proyecta hasta un máximo de 20. Esto debido, en parte, a la falta de voluntad política del Gobierno saliente, liderado por el presidente Iván Duque, quién desde el inicio de su gobernanza se mostró contrario a la implementación de lo pactado por su predecesor Santos.

En cuanto a la Justicia Transicional, el mandatario derechista intentó bloquear el desarrollo de la JEP, "pero ya contaba con un marco jurídico robusto y estaba implementándose, con la Comunidad Internacional poniendo intención en protegerla", señala a esta cadena Rodrigo Uprimny, investigador de DeJusticia.

Iván Duque intentó varias maniobras, especialmente al inicio de su Ejecutivo, con proyectos legislativos impulsados desde su partido el Centro Democrático. "Intentó crear una sala especial para los militares fuera de la JEP", y otra serie de estrategias para minimizar el alcance de este organismo de justicia surgido de la paz, "sin lograr desarticularlo", como reitera Uprimny.

Balance de la Justicia Especial para la Paz (2021).
Balance de la Justicia Especial para la Paz (2021). © JEP

Pese a esto, según la rendición de cuentas entregada por la JEP en diciembre de 2021, la evaluación es la siguiente: más de 300.000 víctimas del conflicto se han acreditado ante el organismo y unas 4.700 han sido representadas en procesos judiciales en esta justicia especial. El informe apunta a que más de 13.300 personas compadecieron para aportar a la verdad, divididos en casi 10.000 desmovilizados de las FARC, 3.329 pertenecientes a la fuerza púbica y 151 civiles.

El balance sobre la JEP "es mixto"

"El balance es mixto", resume el investigador sobre los últimos años de trabajo del órgano judicial especial.

"El gran problema es que no se ha llegado a condenas y esa es la crítica y tiene algo de válido porque ahí no se ha avanzado lo suficientemente rápido. Puede haber razones en la lentitud inicial de la JEP por los bloqueos del Gobierno. Durante varios meses la JEP quedó sin un marco normativo para su accionar", prosigue Uprimny, añadiendo que eso limitó mucho las posibilidades de actuación del organismo.

Pese a todo, cree que existe una "paz con justicia": "El hecho de que no haya aún condenas es una crítica válida, porque ya van al menos cuatro años de funcionamiento y uno esperaría que hubiese ya condenas".

Al filo de los comicios presidenciales y sin que el Acuerdo de Paz haya centrado el tema de campaña de ningún candidato, Juan Carlos Henao, magistrado y expresidente de la Corte Constitucional señala que "el reto de la justicia transicional es consolidarse, ya ni siquiera es un tema de campaña política que está viviendo Colombia, el tema de acabar o no con la JEP. Todo el país está de acuerdo con ello, lo que se busca ahora es perfeccionarla y que empiecen a venir las acciones y las condenas correspondientes".

Siete macro casos en estudio y el reconocimiento público

En casi cinco años de funcionamiento, la JEP logró abrir siete macrocasos, que van desde los secuestros cometidos por la extinta guerrilla hasta los asesinatos y desapariciones forzosas, la victimización de los miembros del partido político izquierdista Unión Patriótica o el reclutamiento de menores.

"Se han hecho avances significativos en el esclarecimiento de crímenes atroces y en el reconocimiento de responsabilidades por victimarios, en especial en los casos llevados por la Sala de Reconocimiento, el caso de secuestro", apunta Uprinmy, en referencia al 'Caso 01', los secuestros y toma de rehenes cometidos por las FARC-EP.

Según el investigador colombiano ha habido un auto de esclarecimiento judicial "inédito" sobre esta práctica llevada a cabo por la exguerrilla y se han imputado responsabilidades a miembros del secretariado de la organización, atribuibles también a los firmantes del Acuerdo de Paz. La primera semana de junio se realizarán los reconocimientos públicos por parte de los victimarios de las FARC ante sus víctimas.

"El segundo gran desafío será la implementación de las denominadas sanciones propias", explica sobre este tipo de sanciones que no llevan a penas de cárcel, sino de restricción de la libertad con cumplimiento de labores restauradoras a favor de la paz y las víctimas, pero que todavía no se han llegado a implementar "ni en Colombia ni en el mundo".

Por lo que, como avanza Uprinmy, "hay un debate para ver cómo hacer para que se hagan con seriedad y no sean una caricatura", garantizando, en el caso de los desmovilizados de las FARC, su seguridad en los territorios donde se pongan en práctica estas sanciones y la articulación con la participación en política (otro de los puntos del Acuerdo). "Todavía no se sabe cómo se va a hacer", sentencia.

Los 'falsos positivos', más de 6.400 víctimas

El 'Caso 03' de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas de combate por agentes del Estado. En febrero de 2021, la JEP reconoció en un informe la cifra de 6.402 víctimas de 'falsos positivos', como se conocen popularmente a los asesinatos de civiles –en su mayoría hombres jóvenes empobrecidos, campesinos e incluso habitantes de calle– a manos de la fuerza pública para hacerlos pasar por guerrilleros.

Estos hechos analizados ocurrieron entre los años 2002 y 2008 bajo el Gobierno del expresidente ultraconservador Álvaro Uribe Vélez, quien ha puesto en duda la veracidad de esas cifras.

El anuncio de esta cifra, pese a que las organizaciones sociales y de derechos humanos, así como los familiares de las víctimas, apuntan a que sería mucho mayor, es una estimación superior a lo que se venía reconociendo hasta el momento. "Yo entiendo el desencanto con la JEP, pero, así como sigue habiendo masacres, la JEP ha logrado poner frente a frente a la sociedad. Ya no va a poder decir: 'no eso no ocurrió, los 6.402 falsos positivos'", reconoce a France 24 la analista política María Emma Will.

Hace un mes, en una audiencia histórica, por primera vez se celebraron audiencias públicas en relación a los casos de 'falsos positivos' ocurridos en la conflictiva región del Norte de Santander. Durante el 26 y 27 de abril, once militares del Ejército colombiano reconocieron ante las familias de las víctimas y la nación entera su responsabilidad en dichas acusaciones.

Rodeados por los magistrados y familiares de las víctimas, entre ellas las denominadas 'Madres de Soacha', madres de estos jóvenes asesinados que llevan años luchando por el reconocimiento y la justicia, los exmilitares declararon y admitieron su responsabilidad en los hechos. "Quiero que sepan que sus familiares eran campesinos y como miembro de la Fuerza Pública los asesiné cobardemente. Les arrebaté la ilusión a sus hijos. Les desgarré el corazón a las madres por una presión, por unos resultados para tener contento a un gobierno", reveló el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar.

El ex miembro de las Fuerzas Armadas de Colombia Guillermo Gutiérrez (R) habla junto a los familiares de las víctimas durante una audiencia organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocana, Colombia, el 26 de abril de 2022.
El ex miembro de las Fuerzas Armadas de Colombia Guillermo Gutiérrez (R) habla junto a los familiares de las víctimas durante una audiencia organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Ocana, Colombia, el 26 de abril de 2022. AFP - SCHNEYDER MENDOZA

Sin embargo, para algunos se trató más de un acto simbólico que de un verdadero proceso para lograr la verdad y la justicia, puesto que no apunta a altos cargos del Ejército ni del Gobierno de entonces, que presentó estos hechos como "unos cuantos casos de manzanas podridas" y no cómo una doctrina coordinada y sistemática liderada por el Estado colombiano, como denuncian las víctimas.

"Se ha logrado esclarecer el modus operandi fundamental de estos 'falsos positivos' y la imputación de altos militares que, si bien no llega al máximo nivel nacional, pero sí a altos mandos regionales, incluyendo a un general de la Segunda División", concreta el investigador de DeJusticia.

Un descontento de las familias de las víctimas, sin embargo, está patrocinado por décadas de impunidad en los crímenes de Estado y masacres cometidas por la fuerza pública. Ese mismo día de las audiencias, en el Congreso se llevaba a cabo una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por el operativo militar realizado a finales de marzo en el Putumayo en el que murieron, supuestamente, al menos cuatro civiles, que posteriormente habrían tratado de pasar como guerrilleros. Por tercera vez en su trayectoria como ministro, Molano salvó su puesto y la Cámara de Representantes votó a su favor.

Blanca Bustamante (C), familiar de una víctima de desaparición forzada sostiene una antorcha durante un ritual simbólico en el marco de las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para evaluar los avances de la investigación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el cementerio de la Dolorosa en Puerto Berrio.
Blanca Bustamante (C), familiar de una víctima de desaparición forzada sostiene una antorcha durante un ritual simbólico en el marco de las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para evaluar los avances de la investigación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el cementerio de la Dolorosa en Puerto Berrio. AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Desafíos para el próximo mandatario colombiano

Los desafíos están centrados principalmente en las futuras y esperadas condenas –tanto a militares como a miembros de las FARC– que saldrán durante los primeros meses o primer año del nuevo Gobierno, así como las controversias que pueden derivar de ello.

"Ver qué reacción tiene el Gobierno dependerá de quién quede en la presidencia". Para Uprimny el reto del nuevo presidente será seguir apoyando este 'Sistema Integral', "incluyendo las recomendaciones que salgan de la Comisión de la Verdad", en un contexto en el que no haya tanta polarización, como ya señaló el magistrado Henao en torno al Acuerdo de Paz: "parece que hay un consenso político en su implementación".

Su compañera en DeJusticia, Guzmán, agrega que "la esperanza que existe es que, en todo caso, el nuevo presidente pueda apostarle a potenciar o fortalecer esos aspectos que han quedado un poco reducidos durante el actual mandato" y no centrar el debate en el divisivo tema de la impunidad y la participación política del partido surgido de la desmovilización de las FARC, Comunes.

En relación al tema presupuestal, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Luz Marina Monzón, apuntó también a una leve falta de presupuesto, pero enfatizó que la mayor crítica al Gobierno de Duque es la falta de apoyo en el "relacionamiento de alto nivel con fuentes de información claves", como los ministerios de Defensa, Justicia y del Interior. "No ha habido un apoyo ni respaldo a esta labor, pero sí unos obstáculos gigantes en el acceso a la información", criticó Monzón.

Miembro de la UBPD.
Miembro de la UBPD. AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Comisión de la Verdad: un extenso informe final para la memoria

Hasta los rincones más remotos de Colombia lograron llegar los comisionados, presididos por el popular sacerdote Francisco de Roux, en búsqueda de los testimonios de las víctimas que conformen la memoria del conflicto colombiano y ayuden a arrojar un halo de luz que sirva de faro para la reconciliación de un país extremadamente polarizado y enfrentado desde hace décadas.

Un camino "hacia una paz grande y verdadera" como legado.

Para la analista Wills, "el informe no tiene como misión consensuar la verdad·. Según ella, Colombia debe enfrentar "verdades dolorosas" encaminadas a la no repetición de los atroces hechos. "Una comisión de la verdad tiene como brújula un norte moral y eso es lo que viene a decir aquí: 'esta guerra ha sido atroz y feroz dejemos de hacer lo que hemos venido haciendo y cómo hemos resuelto nuestros problemas porque por ahí no es la vía'", concluye.

De acuerdo con el comisionado Saúl Franco, el gran reto de la Comisión fue buscar las voces y testimonios en un corto periodo de tiempo, con las limitaciones derivadas de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. Esto sumado a que el conflicto permanece o ha resurgido en gran parte del país, con nuevos grupos conformados tras el Acuerdo, además de la falta de un pacto con otra de las guerrillas más longevas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). "Aquí no solamente estamos a años de haber terminado, sino que el conflicto no ha terminado y eso te quita una posibilidad de visión de un ángulo", lamenta Franco.

Hace menos de un mes, uno de los once comisionados y el único perteneciente a las Fuerzas Armadas, el comisionado Carlos Guillermo Ospina, emitió su renuncia a pocas semanas de presentar el informe, lo que de alguna forma afectó a la imagen de la Comisión.

"Lamentamos que el comisionado Ospina se haya retirado en el momento en que estaban dadas las condiciones para que los aspectos de diferencia se dejaran en constancia y que se hagan vivos en el informe final y en lo demás que se estaba de acuerdo que eran muchas cosas", apunta Franco, reconociendo que ha sido un golpe "fuerte", pero "al mismo tiempo eso nos ha llamado a tener mucho más clara nuestra responsabilidad de multiplicar nuestra exigencia de la máxima imparcialidad posible".

A final de junio, con el informe definitivo, saldrán duros testimonios de víctimas de abusos sexuales, violaciones, secuestros, desapariciones y otros crímenes cometidos en las regiones más remotas del país.

"El informe tiene ese valor cotidiano expresado en estas formas de organización de solidaridad, de ser capaz de seguir adelante, de volver a levantarse, de volver a amar, y eso es un legado enorme", dice Franco, añadiendo que "la guerra no es el camino en Colombia, tenemos que emprender otro camino".

"Ojalá el informe contribuya a la conciencia de que estos sesenta años de guerra no son el camino, sino que hay otros, pero que requieren cambios importantes", sentencia.

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