La Corte Constitucional escogida por el gobierno de Lenín Moreno lo traiciona y suspende el uso la fuerza letal en las manifestaciones.
El uso letal de la fuerza fue patrocinado por el Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, y respaldado por el general (r) Luis Hernández, ex miembro del Poder de Transparecia, o quinta función del estado, que junto con otros miembros del quinto poder del estado, crearon un seudo dictador en Ecuador, permitiéndole proponer de forma exclusiva mediante ternas, los funcionarios de la Corte Nacional de Justicia, o tercer poder del Estado, de La Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, todos los órganos de control, entre ellos la Superintendencia de Comunicaciones, de Bancos, de Compañías de Comercio Justo, y del Consejo Nacional Electoral, o cuarto poder del Estado.
Esto que fue posible gracias al respaldo de Donald Trump y Mike Pompeo, mediante la Embajada de USA, a cargo del embajador Michael Fitzpatrick, a cambio, de la entrega de Julian Assange, y el control del ejército ecuatoriano, desde las bases de Manta y Galápagos, justificado en la llamada Guerra al Narcotráfico, para sostenerse hasta el día de hoy a Moreno, a pesar del gran rechazo a su gobierno, acrecentado por la corrupción descarada, el reparto de los hospitales, de las compras públicas, de equipos, insumos y medicamentos, antes y durante la pandemia, que produjo gran cantidad de muertos por la negligencia, y la inoperante de la red de salud, que un día fue la mejor de América del Sur, durante el gobierno de Rafael Correa.
Ecuador suspende el polémico uso de la fuerza contra las protestas sociales
El Constitucional del país deja en suspenso temporalmente el polémico reglamento, criticado por organismos de derechos humanos, que contemplaba un uso gradual de la fuerza hasta el "de armas de fuego con munición letal".
Imagen de las protestas en Ecuador, del pasado octubre.
La Corte Constitucional de Ecuador suspendió temporalmente este miércoles (24.06.2020) un reglamento del gobierno que permite el uso progresivo de la fuerza a militares durante protestas sociales, lo que ha sido criticado por organismos de derechos humanos.
El llamado "Reglamento de Uso Progresivo, racional y diferenciado de la Fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas" fue publicado en el Registro Oficial (libro de leyes del Estado) el 29 de mayo y supone una reforma de los modos y funcionalidades de intervención y conducta de las fuerzas militares en situaciones de disturbios y resistencia social interna.
La corte admitió una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo ministerial que permite a los militares ir escalando en el uso de fuerza hasta llegar al empleo de armas letales, informó la Defensoría del Pueblo en su cuenta de Twitter. La presidencia, el ministerio de Defensa y el Congreso de Ecuador tienen 15 días para responder a la demanda.
En la resolución de la Corte, divulgada por la Defensoría, se establece que la suspensión del acuerdo "no implica pronunciamiento sobre el fondo" de la acción de inconstitucionalidad.
Polémico reglamento
El reglamento, expedido a fines de mayo, consta de cinco niveles de uso de fuerza en protestas: desde el contacto visual e instrucciones verbales hasta "el uso de armas de fuego con munición letal". El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, ha expresado que el documento regula la actuación de las Fuerzas Armadas cuando en un estado de excepción deben controlar el orden público junto a la Policía.
Según el ministerio de Defensa, el uso progresivo de la fuerza se aplicará tras la evaluación de los oficiales a cargo de una operación militar y "el uso de las armas letales" se realizará "cuando exista una situación de agresión agravada" que ponga en peligro la vida de militares o terceros.
Hace una semana Human Rights Watch (HRW) criticó el acuerdo al considerar que la participación de la milicia en protestas "podría alentar el uso de la fuerza letal". Agregó que "la participación de militares en operaciones de orden público es problemática para los derechos humanos debido a que no están entrenados para tareas policiales".
Dar a las Fuerzas Armadas "facultades que van más allá de las permitidas según estándares internacionales para el uso de la fuerza letal durante manifestaciones, es una medida que podría generar graves abusos", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, según un comunicado.
lgc (afp/efe)
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