Más de 11.000 personas piden a la Universidad de Pensilvania que revoque el cargo a María Paula Romo, la destituida exministra ecuatoriana
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Más de 11.000 personas han firmado una petición en la que rechazan el nombramiento de María Paula Romo, exministra de Gobierno de Ecuador durante la administración de Lenín Moreno, como investigadora visitante en la Universidad de Pensilvania, EE.UU.
En agosto, Romo fue aceptada como académica invitada, para el Programa de Estudios Latinoamericanos y Latinx (CLALS, por sus siglas en inglés) en esa casa de estudios.
En la petición, publicada en el sitio web Change.org por Janio Alvarado, se señala, como argumento, que Romo fue "censurada y destituida por la Asamblea (Nacional) ecuatoriana como ministra de Gobierno, acusada de crímenes de lesa humanidad, intento de cohecho, entre otros cargos".
En efecto, Romo fue destituida por el Parlamento del país suramericano en noviembre de 2020 por su actuación durante la represión a las protestas antigubernamentales en octubre de 2019, que culminaron con un saldo 11 de muertos y alrededor de 1.340 heridos.
La exministra fue juzgada políticamente por incumplir sus funciones. Se le acusó por el uso de bombas lacrimógenas caducadas contra los manifestantes, por parte de efectivos de la Policía Nacional del Ecuador (cuerpo que depende del Ministerio que estaba a su cargo); y por el lanzamiento también de gases antidisturbios contra centros de paz y de acogida humanitaria, que se instalaron al interior de la Universidad Salesiana y de la Universidad Católica de Quito.
Human Rights Watch, en un informe posterior a las manifestaciones, señaló que en esas jornadas "agentes de las fuerzas de seguridad ecuatorianas emplearon excesivamente la fuerza contra manifestantes y periodistas". Asimismo, indicó que de las 11 muertes registradas en el contexto de las protestas, al menos cuatro fueron responsabilidad de los uniformados.
Respaldo de más de 50 académicos
Romo calificó la petición para la revocación de su nombramiento como un "ataque político sin fundamento", en un correo electrónico enviado a The Daily Pennsylvanian el 30 de noviembre, de acuerdo con un texto publicado por ese medio el jueves.
La directora del programa CLALS, Tulia Falleti, citada por The Daily Pennsylvanian, dijo que el puesto al que ingresó Romo "no es remunerado" y solo "otorga a los académicos acceso a los recursos de la universidad para llevar adelante temas de investigación independientes, pero no involucra la docencia".
Falleti señaló, además, que realizaron una investigación por la petición en contra de la exfuncionaria ecuatoriana, pero no encontraron motivos para apartarla del puesto. Argumentó que la remoción de su cargo como ministra en el Parlamento fue un proceso político y no legal.
Nicholas Limerick, profesor adjunto de Antropología y Educación del Teachers College de la Universidad de Columbia, y Julie Gamble, profesora asistente de Estudios Urbanos en Trinity College, publicaron, también en The Daily Pennsylvanian, una carta abierta sobre este asunto, que ha sido respaldada por otros 54 académicos de América y Europa.
Gamble comentó que, independientemente del contexto político de la destitución de Romo, es indiscutible que ella era la Ministra de Gobierno durante las protestas de 2019. "Es un hecho bien conocido que ella fue responsable de abusos contra los derechos humanos", enfatizó.
Asimismo, dijo que "la petición en sí es algo que es poderoso y merece una respuesta" por parte de la universidad.
EE.UU. asegura que ha retirado visas a "narcogenerales" ecuatorianos y el Gobierno de Lasso responde
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El embajador de EE.UU. en Ecuador, Michael Fitzpatrick, aseguró que su país ha "retirado visas" a "narcogenerales" ecuatorianos.
Fitzpatrick hizo esta afirmación en una entrevista concedida al medio ecuatoriano Primicias; no obstante, manifestó que no podía "mencionar nombres" de los presuntos generales sancionados y tampoco especificó si se trata de generales de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas.
"Estamos muy preocupados por la penetración del narcotráfico en Ecuador y en las fuerzas del orden", añadió el diplomático.
El representante estadounidense en Quito indicó que el caso de los 'narcogenerales' estaba en análisis la semana pasada en Washington, como parte de las acciones multilaterales de EE.UU., que abarcan los ámbitos políticos y mecanismos judiciales.
"Ya estamos investigando todos estos casos y otros", agregó Fitzpatrick, quien mencionó investigaciones sobre Petroecuador y compras públicas en el sector de salud.
Al respecto, comentó: "Cuando tenemos evidencia e información contundente en estos casos estamos quitando visas".
El diplomático también dijo que este año "han sido cientos de casos" de retiro de visas a ecuatorianos vinculados a la corrupción y sus familiares.
"Es una decisión soberana nuestra quién puede entrar o no a nuestro país. Y tenemos nuevas herramientas en EE.UU. para impedir la entrada no solo de determinadas personas sino de todos sus familiares, que están aprovechando y utilizando los bienes robados", indicó.
Piden más información
Ecuador reaccionó a las declaraciones del embajador estadounidense. Los ministerios de Gobierno y Defensa emitieron un comunicado conjunto, en el que informan que actualmente no hay "ningún general en servicio activo cuya visa haya sido retirada por los EE.UU.".
Asimismo, estas instituciones, de las cuales dependen la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, solicitaron a Fitzpatrick la entrega de la información relacionada con este tema.
"El Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa ratifican su firme compromiso en la lucha contra el narcotráfico, así como en la prevención y acción para impedir la contaminación de la fuerza pública en cualquier nivel", dice el comunicado.
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