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Quito -
El Ministerio de Finanzas no pagó solo $ 324 millones del capital de los bonos 2020, sino que también cumplió con el pago de los intereses de este tramo de deuda y que ascendían a $ 17 millones más. En total el pago realizado el 24 el marzo pasado fue de $ 341 millones. Así lo confirmaron fuentes de esa cartera de Estado.
Las declaraciones de Finanzas no habían sido precisas sobre este tema hasta ahora. El 23 de marzo, en la víspera de realizar el pago de bonos 2020, el ministro de Finanzas, Richard Martínez había mencionado que se honraría el pago de $324 millones. Y que se dejaría de pagar unos $ 216 millones de intereses del 2020, 2022,2025 y 2030, haciendo uso de un derecho de gracia de 30 días. Además indicó que ese monto que se dejaba de pagar, podría ser entregado para enfrentar la crisis sanitaria y económica del Covid 19.
En la nota de prensa oficial sobre el manejo de la deuda del día posterior, se había indicado que el pago total que se debía hacer la última semana de marzo era de $ 538 millones, que incluía pago de capital de los 2020, e intereses de los bonos 2020, 2022,2025 y 2030. Y se explicaba que solo se había pagado $ 324 millones “correspondientes al capital e intereses”, por lo que quedaba un saldo de $ 197 millones. Sin embargo, esas cifras no cuadraban, pues quedaba realmente un saldo de $ 214 millones, y no de 197 millones. La diferencia, $ 17 millones fue lo cancelado de intereses de los 2020.
El pago de los bonos 2020 ha estado marcado por una polémica. La Asamblea había pedido no realizar el pago, mientras el Gobierno ha sostenido que si no se hubiese hecho esta cancelación hubiésemos caído en default, lo que habría bloqueado futuro financiamiento del exterior, tanto de multilaterales como de China. El Gobierno ha asegurado que a finales de abril el FMI podría aprobar un crédito rápido por $ 500 millones o más y que el 7 de mayo, el Banco Mundial resolvería aprobar otros $ 500 millones para el país.
El pago de bonos también está el momento, en la mira de la Contraloría General del Estado. El 14 de abril de 2020, el organismo de control emitió la orden de trabajo para efectuar el examen especial al registro y pago de los bonos soberanos 2020, por el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2015 y el 13 de abril de 2020. Esta auditoría tiene por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas para el pago o servicios de los bonos soberanos. También busca comprobar el debido registro contable y presupuestario de los pagos y sus efectos en las finanzas públicas.
También inició el examen especial para determinar si el viceministro de Economía, Esteban Ferro Ponce, ha incumplido con lo dispuesto en la Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular de 19 de febrero de 2017, que prohíbe el desempeño de cargos en el sector público a los propietarios de bienes o capitales en paraísos fiscales. Ferro podrá ejercer, en el término de sesenta días, su derecho a presentar descargos.
La ley indica que los funcionarios públicos no podrán ser propietarios directos o indirectos de bienes o capitales en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales. En caso de incumplimiento la persona quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Sobre el tema, Ferro había indicado que su posesión como viceministro fue en julio de 2019, y que con fecha 28 de mayo cedió sus acciones en la compañía Riomanzo SA, una empresa familiar off shore. Este trámite fue elevado a escritura pública el 7 de junio, en la Notaria Octava del Circuito de Panamá. Por lo tanto, dijo en la fecha que asumió el cargo público no era director ni accionista de ninguna empresa de este tipo. Recalcó que ni la empresa, ni él mismo han sido propietarios de bonos. Ferro asumió el cargo en julio, pero el 30 de mayo el Ministerio hizo el anuncio de que asumiría el cargo y que ya realizaba semanas atrás una transición ordenada con el anterior viceministro Santiago Caviedes.
Coronavirus: Paúl Granda deja el Seguro Social por las denuncias en redes sociales
Jorge Wated suena como su reemplazo. Granda agradeció la confianza de Lenín Moreno
El pedido de sectores sociales y civiles se cumplió. Paúl Granda dejó hoy, 22 de abril de 2020, la presidencia del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El funcionario presentó su renuncia el 7 de abril pero esta no fue aceptada. La última carta, sin embargo, fue irrevocable.
Según Granda, intereses políticos generaron una campaña para exigir su salida. Como forma de aliviar al gobierno decidió salir y agradeció al presidente Lenín Moreno por la oportunidad brindada.
El gran trabajo y esfuerzo del IESS no puede ser empañado por una campaña mal intencionada de grupos interesados en desestabilizar la seguridad social. Con todo el afecto, he presentado, el día de ayer, mi renuncia irrevocable al presidente @Lenin.
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Los reclamos exigiendo la salida de Granda iniciaron con la emergencia sanitaria derivada por el coronavirus. El IESS estuvo a punto de adjudicar un contrato por 10 millones de dólares para la compra de insumos médicos. En esa lista estaban mascarillas N95 por 12 dólares cada una. En el mercado, ese producto cuesta menos de cuatro dólares.
La operación irregular fue denunciada en redes sociales y la Contraloría General del Estado hizo un examen especial que determinó indicios de responsabilidad penal en la compra que finalmente no se adjudicó.
Junto a campesinos, jubilados, trabajadores, afiliados y ciudadanía logramos fortalecer la seguridad social. ¡Gracias por su apoyo y cariño! Mi gratitud con el presidente @Lenin por su confianza y por permitirme servir con un profundo compromiso a mi país. bit.ly/2VrvsLE
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Como reemplazo de Granda suena el líder de la Fuerza de recolección de fallecidos, Jorge Wated. Él fue funcionario del gobierno de Rafael Correa.
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