jueves, 9 de abril de 2020

La traición, la pesecución a Correa, el engaño y el coronavirus tiene efecgtos debastadores en Ecuador


El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, informó este martes que fue separado un funcionario público por pedir dinero a familiares de personas fallecidas por coronavirus, a cambio de información. Lo hizo durante una cadena nacional, en la que no dio cifras actualizadas por COVID-19.
Es el primer día en el que las autoridades no han dado cifras actualizadas sobre la pandemia. La última vez fue a las 11:00 del lunes. Entonces, se dijo que había 3747 casos confirmados y 191 personas fallecidas.
El ministro calificó de "vergonzoso, indignante, intolerable", el accionar del funcionario que pedía dinero a familiares de personas fallecidas por COVID-19, para darles información sobre el paradero de los cadáveres. Sin dar nombres, dijo que fue destituido y se iniciarán acciones legales.
Pidió a la ciudadanía que siga denunciando actos de corrupción, para sancionarlos.
Recordó que el uso de mascarillas es obligatorio para circular en lugares públicos.

Coronavirus: renales entre el contagio, la desatención y la resignación

Hay pacientes y doctores con coronavirus en centros de diálisis. El personal trabaja sin paga ni protección.  Los enfermos se hacinan para atenderse.


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Pese a la insistencia de las autoridades por alejar un cuerpo de otro. En centros de diálisis, aún con riesgo los pacientes se agrupan para recibir su diálisis.CORTESÍA
Andrea (nombre protegido) se había convencido a sí misma de que la tos y fiebre que sentían la última semana algunos pacientes renales y personal médico del centro de diálisis donde ella es enfermera no era más que una gripe. Fue hasta la tarde del pasado lunes, cuando vio agonizar a un paciente renal en la sala de espera de diálisis por un problema respiratorio, que lo confirmó: “Estamos expuestos al coronavirus”.

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Ser un paciente renal en medio de la pandemia es una sentencia, secunda Martha, quien tampoco quiere revelar su nombre porque teme que no le sigan haciendo diálisis. “Si no nos mata la COVID-19, lo harán las toxinas de nuestro cuerpo por no hacernos la diálisis”, explica a EXPRESO.

Ante desatención del Estado a pacientes con enfermadades catastróficas, nos activamos para apoyarnos entre pacientes. Hemos conseguido 8 kits de víveres para repartir a pacientes en dialisis y trasplantados que más lo necesitan.

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Cristina Freire, vocera de 15 centros de diálisis de las zonas 4, 5, 7 y 8, lo confirma. Más de 100 empleados administrativos y de salud de estas unidades de diálisis resultaron positivos con el virus. En esa lista, fallecido por COVID-19, está el director de Surmedial, Julio León, asegura la representante.
Además, según Freire, solo en esta última semana, entre 80 y 100 pacientes han muerto en ocho centros de diálisis de las provincias de Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y Manabí. “Algunos por la dificultad de acceder al tratamiento renal, y otros, por haber sido contagiados de coronavirus”, explica.
Shrirley Machado, jefa de enfermeras de un centro de diálisis en Guayaquil, opina que esos datos reflejan la precariedad a la que han sido sometidos los pacientes renales y el personal médico que los atiende, durante la emergencia sanitaria que vive Ecuador.
No es un secreto que el Gobierno no ha pagado a centros renales. No tenemos para protegernos. Estamos trabajando simplemente con una bata desechable y con mascarilla quirúrgica. Nosotros nos exponemos. Hay pacientes que tienen temor a que no se los dialice, ocultan los síntomas
Shrirley Machado, jefa de enfermeras de un centro de diálisis en Guayaquil
EXPRESO, al no tener respuesta del Ministerio de Salud Pública en sus últimos reportajes, gestionó a través de la Secretaría Nacional de Comunicación, preguntas al ministro de Salud, Juan Zevallos, para que fueran respondidas durante la cadena del lunes 6 de marzo. Sin embargo, las preguntas no fueron efectuadas.

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A Zevallos se le consultó si acaso la emergencia de salud en el país provocará la desatención de pacientes con enfermedades catastróficas, cuándo pagarán a los centros y qué gestión realiza dicha cartera para evitar que estos pacientes adquieran la COVID-19.

Ante desatención del Estado a pacientes con enfermadades catastróficas, nos activamos para apoyarnos entre pacientes. Hemos conseguido 8 kits de víveres para repartir a pacientes en dialisis y trasplantados que más lo necesitan.

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En los casos que han sido detectados, se ha hecho un triaje para que no haya contaminación, explica. “Se ha tratado de aplacar algunos síntomas, porque siempre nos dicen que en los hospitales no los quieren recibir”, agrega.
El riesgo de contagio aumenta con el hacinamiento, dice Martha. “Estoy muy preocupada porque mis compañeros se están muriendo. Estamos todos hacinados. Me toca poner los pies encima de mi compañero. A mi compañero que está al lado mío, lo veo muy decaído, tenía fiebre. Solo un milagro podría salvarnos”, explica.
También se queja de la falta de insumos, aunque, asegura, ella ha tomado sus propias medidas. “Yo traigo mi alcohol y desinfecto mi silla, traigo una sábana y me cubro con eso como puedo. Veo que las enfermeras no tienen los implementos necesarios. Algunas ya se han retirado. Me di cuenta porque los conozco a todos. De las cinco que atienden en mi turno, solo quedó una”, menciona.
La dificultad a la que se enfrentan los centros de diálisis, es principalmente económica, sostiene Freire. Ella asegura que el Gobierno adeuda más de $ 3 millones a los centros de diálisis Dialycen, Cenagsa, Surmedial, Inridi (zona 8), y Metrodial y Renalcentro (zona 4), que corresponde al pago de los meses de julio, agosto y septiembre. Sin contar otros seis meses de servicio que aún no han sido facturados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), agrega.
Sin embargo, a nivel nacional esa cifra es aún mayor. Según recogió este Diario el pasado 13 de enero. Hasta esa fecha, el Estado adeudaba $ 160 millones a 90 establecimientos de este tipo de tratamiento en el país. Eso significa una afectación a más de 14.500 pacientes.

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Salud le adeuda $ 160 millones a las clínicas de diálisis a nivel nacional
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Con un porcentaje de ausentismo laboral médico del 50 %, según Freire; personal contagiado, falta de insumos y dinero para realizar diálisis, la decisión ha sido reducir los tiempos de tratamiento, explica Dorita García, representante de pacientes renales del Ecuador.
Les van a hacer solo dos veces por semana, pero eso es matarlos. Si con las tres veces por semana el paciente debe ser muy cuidadoso en la comida y líquidos; y puede vivir hasta 25 años. Con dos diálisis semanales es suicidio porque no se sabe cuánto va a durar esta emergencia”, manifiesta.

Además, anunció que para el jueves próximo se espera que empiece a funcionar el equipo en el Inspi (Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública) para realizar 1440 pruebas diarias de diagnóstico, luego de que se le realizó la calibración a la máquina. (I)a Conaie pide medidas cautelares a la CIDH por manejo de la crisis del covid-19 en Ecuador 1893 Una imagen de las calles de Guayaquil del martes 7 de abril de 2020 entes del toque de queda decretado en Ecuador. Foto: AFP VALORE Indignado 27 Triste 2 Indiferente 1 Sorprendido 1 Contento 6 Daniel Romero LEA TAMBIÉN La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó un pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta organización cuestiona el manejo presupuestario del Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19. Dicho recurso fue enviado a la CIDH ayer, martes 7 de marzo del 2020, según se informó hoy en un comunicado colgado en la página web de la Conaie. Piden “varias medidas cautelares a favor de los habitantes del Ecuador, médicos y personal sanitario, familiares de víctimas mortales; y, miembros de pueblos, nacionalidades y comunidades Indígenas”. Esas medidas cautelares se solicitan tras un análisis hecho al presupuesto del Estado. “Los valores que debían destinarse a salud nunca debían faltar ya que el porcentaje de todo el presupuesto equivale el 40% del valor total presupuestario”. Según la Conaie, el Ministerio de Economía no ha trasparentado la información sobre el origen del dinero con el que se paga al sector de la salud. “El presupuesto de salud según el parámetro del 0,6 % establecido en la Constitución debía encuadrarse en aproximadamente USD 6 mil millones anuales. En papeles aparecen USD 3 000 millones”. Añade que en el presupuesto devengado no “pasa de los USD 350 millones”. “A mediados de diciembre del 2019 se conocía la inminencia del contagio a nivel mundial, pero las autoridades minimizaron el impacto. Destinaron valiosos recursos a otras acreencias, de las cuales el FMI y Banco Mundial indicaron que no se pague”, reza el comunicado. Para la Conaie, esas omisiones han incidido en que se incremente el número de contagios sobre todo en el personal de la salud y de seguridad como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La organización indígena señala que la situación para sus comunidades es más grave ya que “al no contar con agua, hospitales, con alto índice de desnutrición; son doblemente vulnerables, por lo cual se encuentran autoprotegiéndose”. Con base en esto, este movimiento social considera que hay elementos que prueban los criterios de urgencia, daño irreparable y gravedad de la situación “razón por la que se justifica que se expida de manera inmediata dicha petición”.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:https://www.elcomercio.com/actualidad/conaie-medidas-cautelares-cidh-coronavirus.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.

SOTE y OCP con roturas tras hundimiento de tierra

  Tras remisión, OCP da de baja demanda arbitral
La empresa Oleoducto de Crudos Pesados cuenta con varios socios, entre ellos Repsol.
8 de abril, 2020 - 09h33
Quito -
Los dos oleoductos que transportan el crudo ecuatoriano: Sistema de Oleoductos de Crudos Pesados (SOTE) y Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) registraron roturas la noche del martes en el límite de las provincias de Napo y Sucumbíos. Esto, tras un hundimiento de la tierra en el sector de San Rafael. Así lo informaron tanto la administración de Petroecuador, encargado del manejo del Sistema de Oleoducto de Crudos Pesados, como la empresa privada OCP que se encarga del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
De acuerdo a los reportes de OCP, a partir de las 17:30 de ayer se registró una erosión en el cauce del Río Coca y como parte de los protocolos de emergencia se detuvo el bombeo en ese ducto. En tanto, en la madrugada de este miércoles se registró el quiebre de la tubería, por lo que el bombeo está suspendido.
OCP dijo que las autoridades correspondientes han sido notificadas de este evento de fuerza mayor. Mientras personal de OCP Ecuador ya se ha movilizado para atender la emergencia.
Petroecuador también informó que el SOTE registró ayer a las 19:15 un hundimiento de tierra y una baja de presión del bombeo, pero más tarde ya se dio la rotura y suspensión del bombeo. Petroecuador anunció que ha iniciado los trabajos de reparación. (I)

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