Las Farc aceptan su responsabilidad en uno de los magnicidios más recordados de Colombia
Primera modificación:
La cúpula de la antigua guerrilla colombiana reconoció ante la justicia transicional haber sido responsable del homicidio de Álvaro Gómez, uno de los líderes conservadores más icónicos del país, cuyo asesinato fue uno de los casos más debatidos del conflicto armado, durante los últimos 25 años. Esto se da en el día en el que la ONU alertó de 224 muertes de excombatientes partícipes del Acuerdo de Paz.
La antigua guerrilla de las Farc reconoció uno de los homicidios que más ha marcado la historia del conflicto colombiano: el del excandidato presidencial Álvaro Gómez. En 1995, este visible líder del Partido Conservador salía de la universidad donde dictaba clases en Bogotá, la capital, cuando dos sicarios le dispararon hasta matarlo.
Desde entonces, su caso ha sido uno de los más sonados por ser un magnicidio, y por las hipótesis sobre quién lo perpetró. La larga investigación incluye falsos testigos, policías que estarían desviando las pesquisas y la posibilidad de que grandes cárteles del narcotráfico hayan participado en el crimen.
Incluso, los familiares de Gómez sostienen que todo fue un plan orquestado desde la Presidencia y la inteligencia estatal. Gómez fue conocido por sus constantes reclamos al entonces mandatario Ernesto Samper, para que renunciara por un escándalo de dinero de la mafia, que habría financiado su candidatura. Un caso en el que Samper fue absuelto.
Aunque todavía no se ha probado judicialmente quiénes mataron a Gómez, la extinta guerrilla admitió este sábado 3 de octubre su responsabilidad, mediante una carta que le envió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional que creó el Acuerdo de Paz para juzgar los grandes delitos del conflicto armado colombiano.
Las Farc indicaron que ellos consideraban a Álvaro Gómez como un "objetivo militar y un enemigo de clase", que se oponía al grupo armado. "Reconocemos que fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez Hurtado", aceptaron los antiguos comandantes de las Farc, pidiendo perdón a los allegados del político y al país "por haberle arrebatado a la democracia y a la paz" a un hombre como él.
La otrora guerrilla colombiana también reconoció su responsabilidad en cinco homicidios más: en el del general retirado del Ejército Fernando Landázabal; en el del exconsejero de paz Jesús Antonio Bejarano; en el del diputado anticomunista Pablo Emilio Guarín y en el de los dos disidentes guerrilleros José Fedor Rey y Hernando Pizarro.
El proceso de verdad que les espera
Este reconocimiento es apenas la punta del iceberg. Las mismas Farc dijeron que explicarán con mayor profundidad por qué mataron a Álvaro Gómez y por qué callaron su responsabilidad durante casi 25 años.
Las declaraciones las harán frente a la JEP y la Comisión de la Verdad. Ambos mecanismos fueron creados en el Acuerdo de Paz que se firmó en Colombia a finales de 2016 y que dio fin a las Farc, la guerrilla más antigua de América Latina. La JEP es la institución judicial que ofrece sanciones restaurativas distintas a la cárcel, a cambio de la verdad de lo que ocurrió en el conflicto.
En esa medida, a las Farc les conviene reconocer de manera temprana y exhaustiva lo que hicieron, ya que si la justicia prueba que ocultan o niegan información verídica, los antiguos guerrilleros podrían pagar hasta 20 años de prisión. Sin embargo, en su carta, los excomandantes ofrecen "esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad". A su vez, este es uno de los avances más notorios de los dos años que lleva la justicia transicional en Colombia.
El otro mecanismo, la Comisión de la Verdad, fue creado para esclarecer qué pasó en el conflicto armado más duradero del hemisferio occidental y dar recomendaciones para que lo vivido no ocurra de nuevo. Para lograrlo, habla con todos los lados involucrados, desde militares y políticos, hasta exguerrilleros y víctimas. Es ahí precisamente donde las Farc aseguran que también hablarán sobre el magnicidio de Álvaro Gómez y donde el expresidente Ernesto Samper ha negado que esté involucrado en el caso.
La ONU reitera la importancia de que se reconozca lo ocurrido
La aceptación del homicidio de Álvaro Gómez coincide con el más reciente llamado de Naciones Unidas para que todos los bandos acepten sus propias responsabilidades. "Respetar los derechos de las víctimas a la verdad y a una reparación efectiva es una responsabilidad de quienes participaron en el conflicto. Insto a todos los actores que participaron en el conflicto a que contribuyan plena y significativamente a la verdad y reconozcan sus responsabilidades", señaló la oficina del secretario general de la ONU, António Guterres.
Este anuncio hace parte del informe de la Misión de la ONU en Colombia, que verifica el cumplimiento del Acuerdo de Paz. El documento también respaldó a la JEP y habló de la espiral de violencia que atraviesa el país.
Según los datos de Naciones Unidas, durante 2020 se han perpetrado 42 masacres en el territorio colombiano y otras 13 están en proceso de verificación. Estas cifras ya superan las 36 matanzas colectivas que registró el organismo en todo 2019.
Adicionalmente, diferentes entidades internacionales han prendido las alarmas por los homicidios de los líderes sociales y de los excombatientes de las Farc, que no cesan. Al respecto, la Misión de la ONU señala que 224 firmantes del Acuerdo han sido asesinados desde que pactaron sus compromisos de paz en 2016, mientras que el número de líderes sociales muertos asciende a 48 solo en lo que va del año.
Colombia, en una espiral de violencia a cuatro años de los Acuerdos de Paz
Primera modificación:
La conmemoración del primer pacto entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC coincide con un alarmante aumento de masacres de civiles y asesinatos selectivos, especialmente de líderes sociales y excombatientes; mientras el Gobierno trata de reducir los cultivos de coca y los antiguos guerrilleros luchan por hacer realidad su reincorporación. Balance de unos Acuerdos de Paz pasados por fuego.
Una granada explotó en una gallera a la 1:00 p.m. El grupo armado ilegal que lanzó el artefacto y del que se desconoce su identidad, remató con bala a quienes estaban adentro. Por lo menos siete personas murieron.
Lo que pasó el 20 de septiembre en el municipio de Buenos Aires, en el departamento de Cauca, suroeste del país, no solo constituyó la masacre número 60 que Colombia registra en todo el año, sino que es la segunda que padece ese municipio en menos de seis meses.
La escena vivida allí contrasta con la promesa que el Estado y la entonces guerrilla de las FARC le hicieron a Buenos Aires y a otros 169 municipios colombianos de desterrar una de las violencias, fortalecer la presencia estatal y llevar desarrollo a esos lugares, los más afectados por el conflicto.
Han pasado cuatro años desde la primera firma del Acuerdo de Paz, el 26 de septiembre de 2016, que puso fin al conflicto con la guerrilla más antigua y poderosa del hemisferio occidental. Por lo menos 515 líderes sociales, 204 firmantes del pacto y 44 de sus familiares han sido asesinados. Y a pesar de los esfuerzos y millonarios recursos en la lucha contra el narcotráfico, Colombia sigue produciendo dos terceras partes de toda la cocaína que se mueve en el mundo. El panorama lleva a preguntar qué tanto ha avanzado el país hacia una paz verdadera o si, por el contrario, la violencia se está reciclando, especialmente en las regiones más apartadas.
El Gobierno de Iván Duque, que completó dos años en agosto y por ende la mitad del tiempo de implementación, es acusado por la oposición de entorpecer los Acuerdos. Su partido, el Centro Democrático, enarboló las banderas del ‘No’ que ganó el plebiscito de octubre de 2016 y que hizo modificar el Acuerdo para llegar a una segunda firma en noviembre del mismo año. Mientras tanto los grupos armados ilegales que quedaron y los que se formaron tras el desarme de las FARC han consolidado más su poder en los territorios, ahora aprovechando el aislamiento que provocó la pandemia del Covid-19.
Los avances del proceso de paz y sus matices
Pero durante el Gobierno Duque hay temas que avanzan. Impulsar la reincorporación para que los excombatientes vuelvan a la vida civil es uno de ellos. La pasada Administración de Juan Manuel Santos solo dejó financiado un proyecto productivo para que los antiguos guerrilleros se sostuvieran económicamente, lo que contrasta con los 1.531 de la actualidad, que benefician a cerca de 4.600 exinsurgentes.
Además, los 24 lugares donde los antiguos miembros de las FARC harían su reinserción tenían una garantía jurídica solo hasta agosto de 2019 y el Gobierno Duque extendió el pago de esos arriendos y la manutención de quienes viven allí hasta este momento. “Asumimos obligaciones que no existían en las normas”, precisó a France 24 Emilio Archila, el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación.
A estas acciones que no estaban comprometidas en el Acuerdo, Jorge Restrepo, miembro de la Secretaría Técnica de Verificación que prepara reportes para los verificadores internacionales sobre el cumplimiento del pacto, explicó a France 24 que Duque creó otras instituciones para facilitar lo acordado y mejorar la gestión de los recursos.
Otro de los puntos que resalta la Administración Duque es que ha ingresado más de 790.000 hectáreas al Fondo de Tierras de las tres millones que tendrá para repartir entre los campesinos, como se acordó en La Habana. La cifra de los últimos dos años triplica la de las tierras que dejó con ese propósito el Gobierno de Juan Manuel Santos, artífice de la negociación con las FARC.
Pero diferentes sectores señalan matices en las victorias que reclama la Administración de Duque. Aunque ahora hay más proyectos productivos, el 71,3 % de los excombatientes sigue sin tener un programa financiado por las autoridades, según el más reciente informe de la Comisión de Paz del Congreso.
Además, el Ejecutivo ha priorizado la financiación de proyectos individuales, que favorecen a un 16,6 % de los exguerrilleros, mientras que la antigua guerrilla insiste en la importancia de los programas colectivos, que cobijan al 12,1 % de los firmantes.
“El enfoque individual genera dificultad en la sostenibilidad porque solo dan dos vacas y ya, mientras que nuestra visión de reincorporación son procesos de economía solidaria que favorezcan al colectivo y a la comunidad”, dijo a este medio Laura Villa, del Consejo Nacional de Reincorporación por parte de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político que se creó tras la desmovilización.
Villa agregó que el principal obstáculo para que ese punto se cumpla es no tener tierras. El Gobierno Duque lleva dos años gestionando la compra de predios en los que puedan vivir los antiguos insurgentes e incluso dispuso de 4,2 millones de dólares para ello, pero no se ha concretado. “De los 24 espacios territoriales, el Gobierno inició la compra de uno en Guaviare, pero todavía no ha sido loteado (dividido) para los firmantes del Acuerdo. Y el otro, falta el proceso de titulación”, aclaró Villa.
En cuanto al Fondo de Tierras, esta es una propuesta del primero de los seis puntos de lo negociado en La Habana. Aunque tal como dice el Gobierno se ha avanzado en los predios que se les darán a los campesinos, esta parte del Acuerdo que promete hacer reformas de fondo en la distribución de la tierra realmente es la que más retrasos tiene. De todo el primer punto solo se ha completado un 4 %, según el Instituto Kroc que estudia constantemente el nivel de cumplimiento de lo pactado. Además, el organismo señala que a junio del 2020, el Fondo de Tierras todavía no había comenzado la distribución.
Por retrasos como el que pasa con la reforma rural prometida y su contraste con la reincorporación es que Restrepo resumió el avance durante los dos años de mandato de Duque diciendo que sí ha progresado en la implementación, pero priorizando de forma selectiva unas áreas del acuerdo.
La guerra de los demás grupos armados continúa
En medio de esas discusiones burocráticas y centralizadas en Bogotá sobre el avance del proceso, el problema de fondo se anuda en los territorios donde los grupos armados se pelean el botín de las zonas que abandonaron las FARC y a los que el Estado no llegó como lo plantea el Acuerdo de Paz.
Catatumbo, una subregión en el noreste de Colombia y que limita con Venezuela, es ejemplo de ello. Tras la dejación de armas de la antigua guerrilla, el enfrentamiento entre dos grupos armados hizo que uno de ellos se desplazara al departamento del Cauca, a más de 1.000 kilómetros, donde ya otros grupos armados y las disidencias de las FARC estaban en disputa. Este lugar es apetecido por las organizaciones ilegales dada su facilidad para el narcotráfico, pues allí hay cultivos de coca, tiene salida al océano Pacífico y conexiones por ríos y montañas con el interior del país.
El cóctel de grupos armados peleando el territorio afecta principalmente a los civiles. Todos estos cometieron, hasta abril de este año, 72 atentados contra los habitantes del Cauca, según la Defensoría del Pueblo, la institución estatal que vela por los derechos humanos. Además, este es el departamento donde más líderes sociales han sido asesinados desde la firma de las negociaciones, con 9 de los 47 asesinatos del país solo durante los tres primeros meses del 2020, según la organización Somos Defensores.
La violencia en las subregiones priorizadas en el Acuerdo de Paz ha aumentado tanto que mientras la tasa de homicidios subió un 2 % en todo el país entre 2017 y 2019, en esos lugares aumentó un 25 %, según el Congreso.
Esta sangrienta espiral crece tanto por los territorios como los mismos grupos ilegales, que han incrementado su poder durante la pandemia.
De acuerdo con la Misión de Verificación de la ONU, las organizaciones criminales “han aprovechado la cuarentena para fortalecer su control sobre rutas estratégicas de tráfico ilícito” y el poder de estas bandas es tal que en diferentes lugares establecieron puestos de control y atentaron contra personas que incumplieran sus órdenes de confinamiento.
Ante la evidencia del rebrote de los grupos, Jorge Restrepo, de la Secretaría Técnica de Verificación, señaló que es importante enfatizar el éxito del Acuerdo de Paz en acabar la guerra con las FARC y las pugnas que esa guerrilla tenía con otros grupos armados. “Esos conflictos se acabaron. La violencia se redujo sustancialmente respecto a lo que vivía Colombia antes del Proceso de Paz. Pedirle al Acuerdo que acabe con el resto de los conflictos es imponerle una métrica del fracaso”, argumentó.
Archila defendió un punto similar al explicar que lo negociado con las FARC apenas abordó una de las tantas formas de violencia. “La idea de que firmar con una sola de las guerrillas podía ser suficiente para que en Colombia hubiera una paz estable y duradera era una mentira, era solo un título, eso no iba a pasar. Para ello había que tomar medidas también respecto a los narcotraficantes, a la guerrilla del ELN, a los carteles mexicanos que querían llegar a Colombia”, precisó.
Los excombatientes, en la mira
Además de la población civil, la inseguridad la padecen particularmente los excombatientes. Aunque el Gobierno destacó en su corte de cuentas de agosto de este año que en junio hizo un plan para reforzar la seguridad de los firmantes, que tienen 28 medidas especiales de protección en este momento y que la unidad especial de la Fiscalía para investigar los crímenes ya logró 29 condenas; todos estos números se quedan cortos frente a los más de 200 exmiembros de las FARC que han matado desde la firma del acuerdo, según los datos de la Misión de Verificación de la ONU.
El riesgo que corren los excombatientes es tan alto que muchos se han tenido que desplazar de por lo menos tres lugares de donde tenían proyectos para reincorporarse a la vida civil. "El Gobierno maneja el tema de seguridad y del desplazamiento forzado con tiempos muy administrativos y no con la urgencia que debería tenerse", precisó Laura Villa.
La inseguridad es precisamente una de las razones por la que más de 9.500 de las 13.000 personas que se están reincorporando decidieron salir de los territorios que pactaron con el Gobierno y establecerse en otros lugares. El problema es que, al hacerlo, ya no cuentan con la protección de los batallones militares creados especialmente para cuidar los antiguos espacios de reincorporación. Y esto se traduce en un aluvión de asesinatos.
De los más de 200 excombatientes asesinados, unos 197 homicidios ocurrieron fuera de los espacios territoriales que pactaron con el Estado. Es por eso que la Misión de la ONU le recomendó al Gobierno que refuerce la seguridad de los exguerrilleros que están por fuera de dichos espacios y el partido FARC le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dicte medidas cautelares para su protección.
Aunque estos informes muestran una diferencia en los riesgos de quienes salieron de las áreas de reincorporación, Archila le dijo a France 24 que las medidas de seguridad que aplica el Gobierno son iguales para todos los excombatientes.
La discusión sobre la voluntad del Gobierno Duque
A las dificultades que enfrenta el proceso de paz frente a la reincorporación de los exguerrilleros y el incremento de la violencia en el país, algunos opositores suman que Duque no parece dispuesto a implementar el Acuerdo que pactó su antecesor.
La congresista Juanita Goebertus ha dicho en diferentes medios de comunicación que este Gobierno no tiene voluntad política y, recientemente, agregó que esa falta de voluntad se evidencia en el presupuesto. Aunque la financiación del Ejecutivo para la paz aumentará un 9 % en 2021, Goebertus denunció que varias de las instituciones fundamentales de la implementación tendrán menos dinero público.
Sobre ese tema, Archila le dijo a France 24 que es necesario elevar el tema de discusión sobre qué se puede hacer mejor para evitar que toda la implementación empiece de nuevo. “Nunca se puede simplificar a algo tan politiquero como que este Gobierno no quiere avanzar y quiere destruir los Acuerdos. No es lo que está pasando ni lo que ha pasado”, agregó el consejero presidencial.
La mención a la destrucción de lo pactado se refiere a unas palabras que han pesado sobre los hombros de Iván Duque cuando era candidato a la Presidencia. En 2017, miembros de su partido prometieron que su objetivo electoral era “volver trizas” el Acuerdo final con las FARC.
Este comentario se volvió contra Duque cuando oficializó su campaña a finales del mismo año. Sin embargo, desde su candidatura aseguró que no acabaría los Acuerdos aunque sí prometió hacerles modificaciones importantes. Una de ellas era que la sustitución de la hoja de coca no fuera voluntaria, como lo habían pactado en La Habana, sino obligatoria. Y lo cumplió.
Durante su Gobierno se ha priorizado la erradicación forzada al punto que solo en 2019 la Fuerza Pública arrancó 94.606 hectáreas de coca, lo que duplica las 41.500 hectáreas erradicadas voluntariamente entre 2016 y 2019, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.
El presidente incluso aumentó la meta de erradicación para 2020 a 130.000 hectáreas, a pesar de que organizaciones y la Defensoría del Pueblo pidieron que priorizara la sustitución voluntaria. Pero por otro lado, la decisión de Duque tiene el respaldo de Estados Unidos, como lo reconoció el secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, durante su más reciente visita a Colombia. “Estados Unidos está aquí para ayudar compartiendo recursos, experiencia, y aplaudimos el trabajo que se ha realizado”, señaló y agregó que su país seguirá “apoyando la erradicación de cultivos”. Esa alianza también respalda las intenciones del Gobierno colombiano de reactivar la fumigación aérea.
Estos son tan solo algunos puntos del complejo Acuerdo de Paz colombiano, que da luces de avances relativos y preocupaciones de primer orden, especialmente en medio del aumento de las masacres y las disputas de los grupos armados que profundizan la espiral violenta que el país no logra rebasar.
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