La interminable guerra al narcotráfico que golpea a Ecuador y Colombia.
Otoniel: cuál es el poder del Clan del Golfo y por qué no se puede comparar con los carteles de la época de Pablo Escobar
- Redacción
- BBC News Mundo
Este fin de semana se dio una de las noticias más importantes a nivel de seguridad en los últimos meses en Colombia: la captura de Dairo Antonio Úsuga David, más conocido como Otoniel, el jefe del llamado Clan del Golfo, una de las principales organizaciones criminales que operan en el país sudamericano.
Medios nacionales e internacionales recogieron la noticia de la captura, ocurrida en una zona selvática en el occidente de Colombia, y destacaron que alias Otoniel era el "hombre más buscado" que lideraba una organización integrada por unos 6.000 hombres.
Además, las autoridades locales señalaron que el Clan del Golfo -también llamado Autodefensas Gaitanistas, Los urabeños o Clan Úsuga- tenía el control del tráfico de drogas a través del golfo de Urabá, un corredor estratégico ubicado en el noroeste de Colombia.
Allí también, según funcionarios de la policía local, tienen el dominio sobre el paso de los migrantes que ocurre en la frontera entre Colombia y Panamá durante su tránsito por el Tapón del Darién.
Sin embargo, el presidente de Colombia, Iván Duque, hizo una comparación que llamó la atención de analistas políticos e historiadores: "La captura de Otoniel solo es comparable con la caída de Pablo Escobar", indicó.
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Peromuchos no están de acuerdo.
"Exageración
"Es una exageración. Aunque es indudable que Otoniel era el criminal más buscado en Colombia en la actualidad, en su tiempo Pablo Escobar había logrado doblegar al Estado con una guerra frontal", le dice a BBC Mundo Hernando Zuleta, analista político de la Universidad de los Andes.
Tanto Zuleta como otras personas consultadas por BBC Mundo resaltan un dato: en 1990, en el peor momento de la guerra contra los carteles de la droga en Colombia, se contabilizaron 180 ataques con carros bomba, que dejaron miles de personas muertas en varias ciudades del país.
"Las cosas han cambiado mucho desde la muerte de Pablo Escobar. Aunque se produce más cocaína que en los tiempos de Escobar, el poder los narcotraficantes colombianos se ha reducido", señala.
Pero ¿cuál es entonces la verdadera dimensión de la captura de Otoniel, el alcance criminal del Clan del Golfo, y las diferencias con los poderosos carteles como el de Medellín o el de Cali de la década de los 80 y 90?
El poder del Clan del Golfo
Aunque muchos analistas señalan que no se puede comparar a Otoniel con Pablo Escobar, lo cierto es que no se puede desconocer el poderío de la organización que lideraba hasta este fin de semana.
De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional y la Fundación Paz y Reconciliación, el Clan del Golfo es la organización criminal con mayor control territorial en el país.
Según sus reportes, el Clan del Golfo tiene presencia en 211 de los 1.103 municipios que hay en Colombia y se estima que más de mil hombres actuaban bajo el liderazgo de alias Otoniel, la mayoría de ellos exmiembros de la extinta guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las autodefensas.
Y eso tiene una explicación: el propio Otoniel hizo parte del EPL y, cuando este grupo guerrillero se desmovilizó en 1991, decidió cambiar de bando: se hizo miembro de las autodefensas que ocuparon la región de Urabá, en el noroccidente de Colombia.
Fue en esa región donde ingresó a la organización que lideraba Daniel Rendón, alias Don Mario, un hombre cercano al paramilitarismo y que había tomado el control de esa zona que había sido abandonada primero por el cartel de Medellín, tras la muerte de Escobar en 1993, y después por las autodefensas cuando se desmovilizaron en 2003.
Este fue el lugar donde el Clan del Golfo, primero con don Mario (capturado en 2009) y después con Otoniel, durante casi una década logró sentar su dominio. Y gracias a su relación con varios capos del narcotráfico mexicanos, logró también sacar toneladas de cocaína hacia ese país.
De acuerdo con el relato de las autoridades colombianas, se estima que la mitad de las exportaciones de cocaína que salen de Colombia hacia otros países era controlada por el Clan del Golfo, de ahí su poderío.
Por eso Otoniel, quien fue exparamilitar y exguerrillero (no quiso hacer parte de los procesos de desmovilización de ambos grupos armados que ocurrieron en años anteriores), es considerado el "mayor narcotraficante de Sudamérica".
Sin embargo, para lograr ese poderío él y su grupo han librado una guerra con organismos de seguridad locales, especialmente con la policía que opera en la región del Urabá. De acuerdo con esta entidad, cerca de 40 uniformados fueron asesinados por miembros del Clan del Golfo en el último año.
"No se puede negar que el Clan del Golfo es la organización criminal más grande de Colombia, sobre todo porque ha logrado controlar un amplio territorio y mantenerlo durante varios años para el tráfico de droga", le dice a BBC Mundo José Guarnizo, periodista colombiano autor del libro "La patrona de Pablo Escobar".
Guarnizo señala que eso le ha permitido controlar no solo el tráfico de droga, sino también otras actividades ilícitas como las extorsiones a comercios, el tráfico de personas a través de la frontera entre Panamá y Colombia y los préstamos con altos intereses, conocidos como "gota a gota".
"Han logrado saber cómo tener el dominio de los lugares donde se produce la cocaína y por donde sale hacia otros países", agrega.
La gran transformación: de la ciudad al campo
Aunque la frase con que el presidente Duque comparó a Otoniel con Pablo Escobar ha sido señalada casi al unísono como una "exageración" o un artilugio del "marketing político" de un mandatario con bajo índice de aprobación popular, lo cierto es que sí enciende luces sobre cómo ha cambiado la forma en que operan los carteles de la droga en Colombia.
Para Gustavo Duncan, investigador y profesor de gobierno y ciencias políticas de la Universidad Eafit de Medellín, uno de los grandes cambios tiene que ver con el poder que los narcotraficantes tenían sobre la población civil en Colombia.
"Ni Otoniel, ni el Clan del Golfo ni otras organizaciones actuales en Colombia lograron tener lo que Pablo Escobar o el Cartel de Cali tuvieron: el control de las principales ciudades del país", señala el investigador.
Duncan señala que tanto Escobar como los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, habían logrado un poderío económico que les permitió tener un dominio de amplias áreas urbanas. Y en esto radica para él la principal diferencia con las organizaciones actuales.
"El Clan del Golfo es una organización que funciona en la periferia y en las áreas rurales y esto es una consecuencia del paso de Escobar y el Cartel de Cali: es muy difícil que un cartel o un narcotraficante vuelvan a tener esa influencia en una ciudad grande como Medellín, Bogotá o Cali", señala el académico.
"Eso fue un avance claro del Estado y de su lucha contra Escobar. Por eso no son comparables ambas capturas", agrega.
Y en ese sentido, el Clan del Golfo se levantó sobre la experiencia que tenía Otoniel en el dominio de zonas rurales, acumulada en su paso por organizaciones armadas que actuaron en el campo como la guerrilla o las autodefensas.
El nuevo rumbo del negocio
Si Escobar o los hermanos Rodríguez Orejuela ostentaban más poder en sus tiempos de apogeo, ¿cómo es posible que ahora se produzca mucha más cocaína en Colombia que en aquellos tiempos?
De acuerdo a la oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, los cultivos de coca en Colombia se triplicaron, pasando de 50.000 hectáreas en 1995 a 140.000 hectáreas el año pasado.
"Los carteles de la droga en Colombia, al abandonar el dominio de las áreas urbanas, dejaron de tener la influencia política de antes y se concentraron en producir y exportar la cocaína", agrega Duncan.
"Por eso ahora se produce más cocaína que en los tiempos de Escobar".
Por su parte, el analista Hernando Zuleta explica a BBC Mundo que "el negocio cambió".
"Los narcotraficantes colombianos pasaron de importar la hoja de coca (de Perú y Bolivia), manufacturar la cocaína y distribuirla en los mercados de EE.UU., a sembrar la hoja de coca y producir la cocaína solamente", agrega.
"Esa gran parte del negocio que es la distribución y los intermediarios, cuando Escobar y los Rodríguez no estuvieron más quedó en mano de los carteles mexicanos", señala.
Eso explica que la estrategia de grupos como el Clan del Golfo, heredada del paso por los paramilitares y las guerrillas en este rubro, sea controlar los territorios donde se produce la coca y por donde se exporta, aunque eso signifique una menor rentabilidad económica.
Y también ha llevado a que, en 30 años, la producción de cocaína y los cultivos de la hoja que están a su cargo se hayan multiplicado exponencialmente.
Además, los nuevos capos de la droga colombiana aprendieron una lección: ser invisibles.
"Estos nuevos actores en la etapa de distribución de la droga aprendieron algo: en el pasado la visibilidad y el alto perfil de los grandes carteles fue la que los destruyó".
"Ahora son mafiosos que no parecen mafiosos", opina Zuleta
¿El fin del Clan del Golfo?
¿Puede decirse entonces que la caída de Otoniel conducirá a un nuevo rumbo en la lucha contra los carteles de la droga, tal como ocurrió con la caída de Escobar en 1993?
Para Duncan, hay dos puntos clave que responden esa pregunta.
"Primero, que con la captura de Otoniel, el Cartel del Golfo como organización criminal no se va a acabar de la noche a la mañana. Es un proceso que tomará tiempo", señaló.
"Segundo, y esto es una consecuencia de lo anterior, va a ser clave la estrategia del gobierno para evitar que el próximo jefe de esta organización mantenga la unidad y el dominio que Otoniel supo mantener durante varios años", anota.
Por su parte, Zuleta señala que mientras no haya una operación articulada de forma internacional, va a ser muy difícil reducir efectivamente el negocio del narcotráfico desde Colombia.
"Décadas de esfuerzos en destrucción de cultivos, fumigaciones y productos alternativos no han tenido éxito, porque el negocio, la demanda, sigue existiendo", señala el analista.
Una de las estrategias que sugiere, de muchas que se deberían implementar y sin que todas ofrezcan una respuesta contundente, es la de crear proyectos piloto de legalización para determinar si son viables a gran escala.
"Hemos visto que la legalización de la marihuana en varios estados de EE.UU. ha reducido los factores de criminalidad respecto a cuando era ilegal. Podría hacerse un ensayo donde veamos los alcances que tenga una medida así para reducir el poder de estos carteles de la droga", detalla.
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Otoniel: quién es Dairo Antonio Úsuga, el poderoso narcotraficante más buscado de Colombia
El giro en el discurso de Washington sobre el combate a las drogas desde Colombia choca con las denuncias y reclamos de distintas organizaciones sobre violación de derechos humanos e inacción del Estado.El presidente colombiano, Iván Duque, afirmó que su política está "totalmente alineada" a la "nueva estrategia" antidrogas anunciada recientemente por EE.UU., que ha significado un cambio discursivo del abordaje tradicional del tema por parte de Washington, y que pide a Bogotá el reforzamiento de la presencia estatal preventiva en las zonas rurales y de los acuerdos de paz.
Sin embargo, la solicitud de EE.UU., con la que Colombia muestra su acuerdo total, pareciera chocar con lo que reflejan los medios cuando reseñan hechos de sangre en el país suramericano. Es común encontrarse con declaraciones de grupos de defensa de los derechos humanos, cuyas denuncias suelen tener tres factores en común: la ausencia institucional en las zonas más apartadas y vulnerables donde han ocurrido asesinatos de líderes sociales, de excombatientes y masacres; incumplimiento de lo establecido por el Gobierno en los acuerdos de paz y la respuesta armada del Estado como única vía para resolver el conflicto.
Además del tema del narcotráfico, la Administración de Joe Biden, a través del secretario de Estado, Antony Blinken, que estuvo recientemente en territorio colombiano, se ha referido a la necesidad de "rendición de cuentas" sobre los abusos de los derechos humanos cometidos allí.
Este requerimiento desde la Casa Blanca también pende sobre el Gobierno de Duque, que ha sido señalado por entes internacionales –como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– de permitir el "uso excesivo de la fuerza" por parte de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales de este año, que se saldaron con alrededor de 80 fallecidos, según la ONG Indepaz (la Fiscalía recoge solo 20 muertos).
¿Qué responde Colombia?
El lunes pasado, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) dio a conocer la nueva "estrategia holística antinarcóticos" entre EE.UU. y Colombia. Tras la publicación de un comunicado donde establecían las tres líneas gruesas del trabajo conjunto, que se centra en la "reducción de la oferta de drogas", la "seguridad y desarrollo rural integral" y la "protección ambiental", el mandatario colombiano afirmó que los abordajes al respecto hechos por Bogotá y Washington estaban "totalmente alineados".
En unas breves declaraciones a los medios, Duque se refirió a la erradicación y sustitución de cultivos y al uso de "mecanismos de precisión donde corresponda", que podría relacionarse con la polémica aspersión con glifosato para erradicar la coca, que en 2020 alcanzó la cifra récord de 245.000 hectáreas sembradas y 1.010 toneladas métricas, según la propia ONDCP.
El mandatario también hizo referencia a la 'Ruta Futuro', una política gubernamental para enfrentar el "problema de las drogas" que va desde el consumo hasta la elaboración y la distribución, y dijo que gracias a esta han tenido "las mayores incautaciones de droga en el país",que superan las 500 toneladas junto con destrucción de laboratorios".
¿Qué es el "enfoque holístico"?
Distintos medios se han referido a un cambio de abordaje de la política antinarcóticos estadounidense en territorio colombiano, casi un año después de que una comisión de la Cámara de Representas catalogara de "fracaso" el 'Plan Colombia', una medida de EE.UU. para controlar la producción y el tráfico de drogas, tras 20 años de acciones infructuosas que le han costado a ese país unos 11.600 millones de dólares.
En esta "nueva estrategia" de la ONDCP, hay un "enfoque holístico que reconoce la importancia de la seguridad, la justicia, el desarrollo económico y la protección ambiental", según la directora interina de Política Nacional de Control de Drogas, Regina LaBelle.
Sus tres líneas transversales son:
- Reducción de la oferta y la demanda de drogas, a través de la erradicación, destrucción de laboratorios, esfuerzos contra el lavado de dinero y enjuiciamiento de los narcotraficantes.
- Seguridad y desarrollo rural integral, que incluye la implementación del Acuerdo de Paz, inversión en desarrollo rural, seguridad ciudadana y acceso a la justicia, protección de los líderes sociales y ampliar la formalización de la tierra, entre otros.
- Protección ambiental, lo que contempla monitorear y contrarrestar los delitos ambientales que sostienen a los narcotraficantes, "la negación de un santuario para los grupos armados ilegales" y un "sólido elemento de vigilancia y patrulla de seguridad".
Las peticiones de Blinken
Lo planteado por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas ya había sido delineado la semana pasada por Blinken durante su primera visita como secretario de Estado de EE.UU. a Colombia, país al que Biden considera uno sus aliados más importantes en la región para "hacerle frente" a los "múltiples retos" que "enfrentan" las democracias dentro y fuera del hemisferio.
A grandes rasgos, Blinken se refirió a temas que han estado entre los reclamos de varias organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, que han afirmado reiteradamente que no han tenido eco en el Gobierno de Duque. Una constante en sus demandas es el cumplimiento de los acuerdos de paz establecidos con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que consideran como piedra angular del actual conflicto entre grupos armados por el control territorial y el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales.
Blinken pidió "atacar las raíces del narcotráfico" como "la inequidad, la corrupción, la impunidad" para "invertir en la prevención y la recuperación de quienes están luchando contra la adicción". Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, después de Brasil.
El espinoso tema de los derechos humanos
Para el jefe de las Relaciones Exteriores de EE.UU., el "nuevo enfoque" no solo pasa por mantener la "cooperación y reforzar el cumplimiento de la ley para reducir la violencia", sino en tener "los derechos humanos como núcleo".
Al referirse a "la rendición de cuentas" de los derechos humanos, mencionó las "violaciones y abusos" cometidos durante el conflicto, "en respuesta a las protestas a principios de este año" y contra defensores de los derechos humanos, periodistas y otros líderes sociales.
Sobre los derechos humanos y las protestas ya hubo controversia entre Duque y la CIDH debido a que el mandatario afirmó que "nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad" en correspondencia con los señalamientos del Gobierno que apuntaban hacia deslegitimar las protestas porque en ellas se cometían "actos vandálicos y terroristas" y bloqueos de las vías.
En su diálogo con Blinken, Duque insistió en que su Administración tiene una política de "tolerancia cero" con cualquier tipo de violación y con el "vandalismo, los ataques a la Fuerza Pública y cualquier agresión a la institucionalidad".
A pesar de estas peticiones de Blinken sobre los derechos humanos de los manifestantes durante las movilizaciones, en su oportunidad la respuesta de Washington no fue inmediata, como sucede cuando ocurren protestas en otros países de la región, y fue tildada de tibia por sectores del Congreso que pedían acciones contundentes contra el Gobierno colombiano.
Nathali Gómez
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